La jueza denunció ante legisladores el acoso institucional que se lleva adelante en su contra. El encuentro se concretó en sala de comisiones.
La intendenta Fernández aseguró que la magistrada debe afrontar situaciones de acoso institucional y una campaña de desprestigio en su contra, sumada a la falta de respuestas por parte de la Justicia.
Ramírez confirmó que es víctima de diferentes situaciones de violencia, con el fin que deje su cargo. Entre ellas citó como ejemplo denuncias por maltratos que no habrían existido, la solitud de tareas por parte del Concejo Deliberante de esa ciudad que exceden sus funciones, y diversos hostigamientos en su vida cotidiana que incluso la obligaron a cambiar de domicilio.
“Nunca pudieron acusarme por mal desempeño o que robé, es por eso que realizan denuncias sin fundamentos y buscan amedrentarme con estas situaciones de acoso y violencia institucional; inclusive tuve que cambiar mi domicilio”, explicó a los diputados la jueza de Faltas.
La funcionaria lamentó que estás cosas sigan pasando de forma reiterada desde hace mucho tiempo y que esta realidad ya le provoca temor, ya que la fiscalía en la que denunció la situación, no toma cartas en el asunto.
Acusan a la anterior gestión
La jefa comunal güemense, afirmó que desde que asumió su mandato en 2015, tanto ella como la jueza, “han pasado situaciones muy difíciles provocadas por la gente que responde a la anterior gestión.
“La magistrada ha sufrido mucho, debe convivir ante un acoso constante, es de admirar la entereza con la que afronta esta realidad, pero esto ya no puede seguir pasando”, dijo Fernández.
Por su parte, la diputada Silvia Varg (Capital-UCPS) manifestó que esta realidad deja en evidencia un grave caso de acoso laboral y psicológico, como así también de violencia institucional, por lo que es indispensable que desde la Cámara baja se brinde apoyo a la funcionaria.
“Vamos a interceder desde ambas comisiones para que la fiscal entienda que este es un caso muy grave que no se puede dejar pasar, y que lamentablemente ocurre en la mayoría de localidades del interior donde no se respeta la institucionalidad y mucho menos los derechos de la mujer”, dijo la legisladora.
Garantías de seguridad
Por su parte el diputado Dionel Ávalos (San Martín-PRS) confirmó que desde la comisión de Seguridad van a solicitar al ministro de Seguridad, Carlos Oliver, que se garantice la seguridad de la jueza.
En la reunión estuvieron presentes los diputados Rosana Guantay (La Caldera-Frente para la Victoria), Dionel Ávalos, Silvia Varg, Gladys Paredes (San Martín-Frente para la Victoria) y Norma Lizárraga (Orán-Cambiemos-PRO.
