La marcha federal en defensa de la universidad pública se anticipa multitudinaria. La movilización contará con la presencia de alumnos, docentes y autoridades, con la participación de referentes no sólo del ámbito académico, sino también del cultural, artístico, periodístico, sindical, incluida la CGT, y organizaciones sociales.
Los organizadores anunciaron que será “imposible” marchar por la vereda. En tanto que el Gobierno nacional anunció que no hará diferencias con lo sucedido en otras marchas y mantendrá su protocolo antipiquetes. “Se va a hacer todo lo necesario para complicar lo menos posible la vida de los ciudadanos”, anticiparon en la Casa Rosada.
Se presentó un pedido de autorización para la marcha ante el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que en estas horas evalúa cómo se procederá en el tema. “Hasta acá se aplicó siempre lo mismo: se pide el permiso y después la Ciudad decide si se autoriza o no y cómo lo hace, pero siempre bajo el concepto de que el Estado es el ordenador y siempre nos fue bien”, remarcaron en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Se entiende el derecho a manifestar y la situación, pero también la necesidad de no entorpecer la circulación del ciudadano común”, agregaron.
La mira está especialmente puesta en lo que será el cruce de la avenida 9 de Julio. En las últimas horas ya hubo comunicación entre los ministros de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, y de la Ciudad, Waldo Wolff, y se prevén más charlas y reuniones a lo largo de las próximas horas entre los distintos funcionarios de ambas carteras.
En el Gobierno nacional dijeron que ellos mantendrán la “misma postura que en todas las marchas”, y que apuntarán a impedir cortes y evitar así complicaciones para la circulación de los ciudadanos.
La marcha es de una extrema sensibilidad para la administración libertaria que descuenta, pese a su voluntad, que las dimensiones de la marcha serán de amplias proporciones.
