La solicitud llegó de parte del la Fiscalía interviniente, donde se requirió una serie de instrumentos legales del concejo, donde se sancionó la incorporación de la planta política del cuerpo y las resoluciones que habilitaron las subas de dietas de los édiles.
La investigación surgió tras las denuncias de la concejal Patricia Segovia, donde denunció a sus pares señalando que aumentaron sus dietas sin los correctos procedimientos administrativos.
“La Fiscalía pide lo que yo denuncio, toda la planta política detallando los cargos, sueldos que cobran, las resoluciones respaldatoria a sus nombramientos”, informó Segovia.
La edil denunció además que ante la irregularidad, no consintió cobra el aumento de la dieta. Sin embargo, el Concejo Deliberante le depositó en sus cuentas bancarias un deposito de $1 millon de pesos, impactando así el nuevo sueldo que autorizaron sus pares.
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El escandalo de las dietas
En diálogo con Nuevo Diario, el periodista Samuel Huerga explicó la situación. Recordó que el año pasado se cayó la autonomía del cuerpo deliberativo por una judicialización. Ante ello, la nueva presidenta del Concejo firmó un convenio para su funcionamiento con el ejecutivo municipal, quien por ese entonces era Pablo Gonzalez.
"En ese convenio, ella hizo un resolución que le mandó al juez por supuesto, fijando los sueldos de los concejales y exigiendo al municipio que le brinde fondos para fotocopia, funcionamiento cotidiano del Concejo, o sea teléfono, correspondencia y demás. Lo que se llama caja chica”, explicó el ex concejal.
Sin embargo, dicho acuerdo cayó el pasado 8 de diciembre con el fin del periodo de sesiones y la llegada de los nuevos ediles, que deberían haber realizado una ordenanza de autonomía o una resolución de convenio salarial con el intendente, que tampoco se realizó.
"Nunca se llamó a sesión para decir cuanto es el sueldo de los concejales. Ellos aumentaron de 280 mil a más de 400 mil pesos, dicen que cobran eso más los gastos del bloque. Para liquidarse eso, toman la resolución del año pasado, que ya cayó. Además, esa resolución era sin autonomía y ellos alegan tener autonomía", informó.
En ese sentido, Huerga hizo hincapié en que la discusión no está en si es mucha o poca plata, sino en la ilegalidad de realizar un aumento de esta forma, sin trasparentar los verdaderos montos.
