La presidenta de Perú, Dina Boluarte, deberá acudir el próximo martes 7 de marzo a prestar declaración a la sede del Ministerio Público en Lima tras la citación oficializada ayer por la noche debido a los muertos en las protestas de los últimos meses.
Con un clima caliente en diciembre, Pedro Castillo fue destituido antes de llevar a cabo su objetivo de la disolución del Congreso y, desde entonces, Dina Boluarte quedó al frente de Perú. Aquella acción complicó las situación y el malestar civil, y el país comenzó a vivir una ola de protestas inusitada que incluso se llevó la vida de más de 50 manifestantes y el número de heridos superó los 1.200.
El viernes, la Fiscalía confirmó la citación de Boluarte para prestar declaración sobre los fallecidos en manifestaciones en Puno y Ayacucho, así también como en otras ciudades del sur de Perú.
Asimismo, el llamamiento incluye la condición de que la presidenta concurra de forma presencial y no virtual, como lo hizo en dos oportunidades anteriores.
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, remarcó en declaraciones para Canal N que "no es que no quiere ir a la Fiscalía, está dispuesta a dar sus declaraciones de manera virtual". Luego aseguró que "hay que respetar a la presidenta en su decisión, hay que volver a dar a la figura presidencial ese talante de respeto".
La semana pasada, el Ejecutivo en Perú presentó un proyecto para modificar el Código Penal y el nuevo Código Procesal Penal con el objetivo de "establecer medidas inmediatas, urgentes y excepcionales para reforzar la respuesta del Estado frente a los delitos que afectan la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados, cometidos durante la vigencia de la declaratoria de un Estado de emergencia".
