José Miguel Farfán, de origen jujeño, había sido detenido por el transporte de una importante carga de droga, por lo que fue condenado en 1999.
Más tarde, el 8 de enero de 2003, cuando no regresó de una salida transitoria, se declaró su rebeldía, fuga y pedido de captura. Para sortear esta situación, la que le impedía viajar a Europa para seguir con los negocios de la droga, Farfán contactó a Hugo Salazar, quien, a su vez, lo contactó con Graciela Ferreyra y Gabriela Vázquez, madre e hija, que aseguraban tener contacto con Solá Torino, pues la primera era ex convicta y decía conocer al ex camarista, quien ejercía la función de juez de Ejecución y Sentencia. Luego, según la causa, Farfán, a través de estos intermediarios, acordó con Solá Torino un pago de 15 mil pesos a cambio de que el ex juez, ahora fallecido, emita un escrito por medio del cual se ordene el levantamiento de la captura del narco.
La maniobra, sin embargo, tuvo un grave error, pues el número de DNI de Farfán no era el correcto, por lo que surgieron numerosas conversaciones telefónicas entre los acusados para que Solá Torino corrija ese error, sin imaginarse que los teléfonos ya estaban intervenidos.
Producto de ello, la fiscalía reunió pruebas para promover acción penal contra el ex juez y los otros implicados.
