La disputa política y judicial por Vicentin definirá muchas cosas respecto al clima de negocios y el respeto a la propiedad privada en la Argentina. Pero mientras la seguridad jurídica se pone una vez más a prueba, en el corto plazo convivirán dos pandemias: el coronavirus y el cierre masivo de comercios e industrias, ante la imposibilidad de sobrevivir por la falta de ventas por un plazo tan prolongado y disminución de la ayuda del Estado para el pago de sueldos.
El acelerado aumento en la cantidad de contagios coincide con la dramática situación que atraviesan las empresas. En el momento en el que precisarían volver a la normalidad, el Gobierno planea volver a fase 1 en la zona metropolitana. El detalle es que la cuarentena lleva 90 días y todavía no hay fecha para su finalización. Haberla arrancado tan rápido, cuando todavía no había terminado el verano y aún no había circulación en la comunidad, estiró su duración hasta límites insoportables para el aparato productivo.
Ya en los últimos días se multiplicó el cierre de locales en avenidas de la ciudad de Buenos Aires que hasta hace poco tenían lista de espera. La extensión de la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano y la elevada posibilidad de que vuelva incluso a un esquema más estricto complicaría todavía más las cosas. Los próximos 60 días resultarán verdaderamente dramáticos para la economía. La inflación no es a corto plazo un gran peligro, pero sí un fuerte aumento de pérdida de empleo y aumento de la pobreza.
Para colmo, el Gobierno llega con pocos recursos. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ya adelantó en el Senado que el próximo programa de ayuda para el pago de salarios se mantendrá sólo para sectores críticos, es decir aquellos que siguen sin abrir. El resto deberá conformarse como mucho con el pago del 25% del salario a cargo del Estado. La emisión monetaria para hacer frente al déficit fiscal ya llegó a un billón de pesos y seguirá aumentado, pero no puede seguir creciendo sin límite. La estabilidad del dólar pende de un hilo, ante semejante aumento en la cantidad de dinero, por más que en el corto plazo el Banco Central absorba los pesos con la colocación de Leliq.
Una encuesta realizada por la Cámara Argentina de Comercio arrojó que un 11,5% de las empresas piensa cerrar sus puertas en los próximos 30 días si “no se produce una mejora de la situación”. Y otro 23% piensa en achicar su estructura, incluyendo la reducción de personal. Estas cifras implican que en el corto plazo podrían cerrar entre 40.000 y 50.000 establecimientos. Las pérdidas de empleo serán gigantescas.
Un 11,5% de las empresas piensa cerrar sus puertas en los próximos 30 días si “no se produce una mejora de la situación” (Maximiliano Luna).
Otra encuesta, pero realizada por la Unión Industrial Argentina, llegó a similares resultados. El 38% de las compañías aseguró que su negocio no es sostenible si las restricciones se mantienen entre uno y tres meses más. El 13% de las compañías estima entrar en concurso de acreedores ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas. Y el 63% sufrió bajas de sus ventas superiores al 50%.
En medio de este cuadro realmente dramático para la actividad, el Presidente declaró: “Querían abrir los negocios de ropa y ahí están las consecuencias”. Alberto Fernández le echó la culpa a la supuesta mayor circulación de gente para ir a negocios de indumentaria al aumento de los contagios. Pero el apuro del sector por volver a abrir sus negocios no es un capricho o una insensibilidad. Se trata sencillamente de una cuestión de supervivencia.
Tampoco que se reactive la actividad plenamente en algunas provincias lleva demasiado alivio. Muchas de ellas dependen del turismo y hoy está prohibido el ingreso desde otras provincias, por lo que la reactivación es extremadamente acotada. Y muchas otras tienen fábricas, pero que dependen sobre todo de las ventas en zona metropolitana. Por lo tanto, tienen mínimos pedidos y cuando los reciben no quieren aceptar cheques, ante el temor de que no sean cubiertos.
Alberto Fernández asegura que sabe cómo salir de la crisis económica desatada por el coronavirus. Pero nunca explicitó por dónde pasaría ese plan. Y si realmente lo tiene, la pregunta es obvia: ¿por qué no lo cuenta para que todo el mundo se quede tranquilo? Las señales divulgadas hasta ahora no son precisamente alentadoras. Las demoras para negociar con los acreedores, la ofensiva sobre Vicentin y la decisión de Latam de abandonar la Argentina sólo generan más angustia e incertidumbre.
La dureza y la duración son dos factores que, conjugados, vuelven a la cuarentena insoportable para sostener un negocio. También es cada vez más dura la situación para quienes trabajan en la informalidad y viven de trabajos temporales o changas. Hoy prácticamente dejaron de percibir ingresos y sólo cuentan con el Ingreso Familiar de Emergencia. Pero en 90 días con suerte habrán recibido $20.000, lo que ni siquiera les alcanza para superar el umbral de indigencia.
Recién el 29 de junio se conocerá oficialmente la evolución de la actividad económica de abril. Pero se estima que el INDEC divulgará una caída récord cercana al 20% en relación al mismo mes del año anterior, cifras que no se veían desde principios de 2002, inmediatamente después del estallido de la convertibilidad. El derrumbe en 2020 llegaría al 10% y la Argentina sería uno de los países más afectados del mundo por el coronavirus.
A medida que se vaya acercando el fin de la cuarentena, el gran desafío para el Gobierno será sacar a la economía de la crisis más allá de un rebote de corto plazo después de semejante debacle. Pero los indicios no son alentadores.
