María, una de las madres del asentamiento de Los Pinos, llorando habló con Nuevo Diario. "Nos encontramos en una situación desesperante, rodeadas de cientos de policías para tan solo 8 mujeres solas con 23 niños y 4 embarazadas implorando ayuda y tratando de recuperar lo poco que tenemos del barro".
"La verdad, nos sorprendió la cantidad de efectivos que vemos acá, creo que no se ve en ningún lado, ni cuando hacen operativos contra drogas, ni cuando hay trata de personas, ni por los femicidios".
"Pero para solo ocho mujeres, jefas de familia que estamos hace más de un año acá solas con los chicos, hay una cantidad impresionante de policías. Nos están desarmando las casitas precarias donde vivimos como chanchos en medio del barro por las recientes lluvias".
"Nuestros abogados y organizaciones de Derechos Humanos están en ciudad judicial apelando el desalojo, pero los policías nos dicen que están cumpliendo orden de la Jueza Ada Zunino. Apenas estamos salvando nuestras pertenecias del barro con la ayuda de algunos vecinos".
Esta fue la cruda descripción de lo que pasaron desde esta madrugada las ocho mamás que se asentaron en un espacio verde de Barrio Nueva Esperanza II, en Los Pinos, municipio de San Lorenzo.
Ocuparon ese lugar desde poco antes de la pandemia, dijeron que lo hicieron huyendo forzadas por la violencia de género que sufrían en sus hogares con sus parejas.
Ahora que fueron expulsadas del lugar, no saben cual será el destino porque están en la calle y a la intemperie. Una de ellas dijo que quizás le quedaba volver con sus parejas, soportar sus actos violentos y hasta quizás terminar muertas, indicó.
Cerca de unos 150 efectivos de caballería e infantería de la Policía de Salta, levantaron las casillas precarias sin resistencia alguna. En los últimos días, las mujeres habían realizado marchas y trámites en la Justicia, se movilizaron hasta las puertas de Tierra y Habitat, pero no tuvieron una respuesta.
En el desalojo tampoco había ningún funcionario de organismos de protección del Gobierno para contenerlos. No estaban representantes de Familia y Minoridad, Violencia de Género, ni la titular de la oficina de Derechos Humanos.
En el lugar estuvo el diputado provincial del PO, Claudio Del Pla, quien pidió que manden a los funcionarios. "Esta gente no pretende enfrentarse con la Policía. El Estado tiene que venir con soluciones habitacionales y no con represión" manifestó.
