CARTA BLANCA

Advierten que el RIGI implica un “extractivismo recargado”

Más de 50 organizaciones y referentes ambientales denunciaron esta semana en el Senado, retrocesos en materia ambiental y la inconstitucionalidad de la norma. El Régimen Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y una política de saqueo. 

Pusieron alerta sobre los recursos naturales y los efectos del RIGI
Pusieron alerta sobre los recursos naturales y los efectos del RIGI

La aprobación del RIGI en el Senado significaría una reversión, ampliada a más sectores extractivistas y con más beneficios, del Régimen de Inversiones para la Actividad Minera, creado en 1.993 (Ley N° 24.196). Una carta blanca a los capitales extranjeros para ingresar al país, explotar los recursos naturales y llevarse las ganancias, con beneficios fiscales y sin la obligación de generar trabajo local ni transferencia de tecnología. “El RIGI profundiza este régimen de privilegio que ya tiene la minería hacia otros sectores, incluso avasallando facultades de los gobiernos provinciales, ya que a diferencia de la Ley 24.196 que indica que la adhesión al Régimen minero es una opción de las Provincias, en el caso del RIGI la aprobación del proyecto de ley Bases las incluye de manera compulsiva”, sostiene la carta firmada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la asociación de Abogados Ambientalistas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Multisectorial Humedales, Asamblea Pucará, el Instituto de Salud Socioambiental, Fundación Cauce, Greenpeace, Fundeps, Capibara y Consciente Colectivo, entre otros.

“Para qué queremos una inversión en litio si al tercer año no están obligados a liquidar y no pagan retenciones. No va a dejar dólares en el país y va en contra de toda la cadena de valor porque no habrá aranceles de importación”, mencionó a este medio Emiliano Estrada, diputado nacional por Salta (UP) y exministro de Economía provincial en la última gestión de Juan Manuel Urtubey. Estrada también cuestionó que las empresas no estarían obligadas ni a contratar proveedores locales ni mano de obra local, ni a comprar maquinarias en el país. Es decir, no habría derrame en ninguna escala”.

 

 

 

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