El complicado divorcio derivó en innumerables denuncias cruzadas entre los ex cónyuges. Sin embargo, el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de Ada Zunino, ordenó por pedido de la fiscal penal N° 7 Claudia Geria que se reestablezca el contacto del padre con los menores.
"Le solicité al Juzgado de Familia Nº 1 con el expediente 643194/18 el régimen de comunicación. A la fecha no tengo respuesta como padre. Lo peor es que se me ha impedido el contacto con mis hijos por medidas dictadas a modo preventivo que solo se basan en falsas denuncias de la madre de mis hijos", indicó Alberto Cardozo, padre de los menores.
Señaló que el Juzgado de Violencia Familiar y de Género, a cargo de Noemí Valdez, en 2020 avaló el impedimento de contacto, cortando el vínculo con sus hijos, según él de "manera coercitiva", ya que desconoce el paradero o domicilio, estado de salud y bienestar de sus niños desde hace más de seis meses.
"La madre de mis hijos sin mediar palabras o acordar conmigo, y bajo mi total y absoluto desconocimiento, se fugó de la provincia con mis hijos. Hace unas semanas por un escrito que presenté me anoticié que se mudaron a otra provincia. Lamentablemente, por las medidas dictadas por el Juzgado de Violencia de Género y Familia no puedo ir a visitarlos. No se tuvo en cuenta la audiencia en donde ellos piden y reclaman por mi presencia y mis cuidados, violentándose así sus derechos como niños", afirmó Cardozo.
Agregó que a pesar de que en junio del 2020 la Asesoría de Menores e Incapaces, a cargo de Carina Quinteros, dictaminó a favor de que no se corte el vínculo del padre con los menores y se restablezca el contacto, la Justicia aún no toma medidas.
"Se sigue dilatando todo y se derivaron las actuaciones al Juzgado de Familia que sigue sin resolver mi caso. Ante mis insistentes y fallidos intentos por la vía legal para restablecer el contacto, fui humillado y ultrajado con pericias de todo tipo, fui detenido y privado de la libertad por intentar ver y saber cómo están mis hijos. Sigo rogando clemencia a la Justicia para poder verlos y hacer valer sus derechos de crecer con un padre que los contenga, cuide y vele por ellos", indicó.
Lamentó que la tardanza de la Justicia está provocando daños emocionales en los pequeños. Agregó que las juezas de familia también truncaron su reclamo ante la división de bienes, fruto de la unión convivencial de diez años, lo que "dinamitó su capital económico y esfuerzo de años de trabajo, a pesar de haber presentado pruebas de su aporte económico a la unión convivencial".
"Me siento defraudado, y violentado, sin acceso a una Justicia que de forma imparcial me perjudica como ser humano, hombre y padre. Quiero que las autoridades competentes tomen medidas justas y velen por el bienestar de los dos menores", disparó el hombre.
