El procurador Pedro García Castiella presentó este lunes ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propicia la incorporación del inciso G al artículo 1º de la Ley Nº 8275, considerando que la sanción de una ley como la propuesta implica un freno a uno de los mecanismos utilizados por el narcotráfico para intentar infiltrar estamentos del Estado, para luego avanzar con la infiltración del sistema político.
García Castiella explica los motivos que la iniciativa legislativa propone abordar con mayor profundidad y fundamentación de las preocupaciones cruciales asociadas a la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Salta, que ha pasado de ser una mera hipótesis para convertirse en una probabilidad cruda y cierta, impactando en la seguridad y paz ciudadana y de manera preocupante en las instituciones.
En el proyecto de ley, el Procurador General plantea la necesidad de ampliar el artículo 1º de la Ley 8275, incorporándose aquellos delitos previstos y reprimidos en la Ley de Estupefacientes y la penalización del tráfico de sustancias y sus precursores químicos, Ley 23737, mientras que aquellos que reprimen el lavado de activos de origen delictivo, previstos en leyes 25246 y 26683 ya se encuentran contemplados en el artículo 1º inciso B de la norma.
En el inciso G propuesto, se establece que no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales los condenados por sentencia judicial en segunda instancia mientras dure el doble de la condena por delitos de tráfico de estupefacientes previstos en la ley 23737 y sus respectivos agravantes.
Diferentes criterios provinciales
Si bien hay disparidad de criterios en varias provincias en cuanto a la ficha limpia, las normas locales no son idénticas, pero todas mantienen la idea central de que quienes fueron juzgados y condenados en sede penal no puedan ser candidatos.
Algunas, como es el caso de Mendoza, consideran suficiente una condena de primera instancia. Otras, impiden la candidatura de quienes hayan sido condenados en dos instancias, aunque la sentencia se encuentre recurrida.
Todas las leyes provinciales se refieren a los delitos de corrupción; algunas agregan delitos contra la integridad sexual o comprenden a los delitos dolosos en general.
