Así plantearon, a través de un documento, su preocupación al no encontrar contemplados los fondos de los que el organismo debería disponer, en el marco del presupuesto provincial 2023, como tampoco goza de la autarquía que le correspondería, por lo que analizan la posibilidad de accionar judicialmente.
"Desde su constitución en el mes de febrero del corriente año, el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes (CPT Salta), ha cumplido ampliamente con su mandato de llevar a cabo la evaluación y seguimiento de la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de su Protocolo Facultativo en todo el territorio de la provincia de Salta", señala el comunicado que además detalla que todas las actuaciones a lo largo del año se realizaron sin presupuesto, personal, equipamiento, viáticos ni movilidad, utilizando recursos propios de los/a Comisionados/a para garantizar el normal desempeño de sus actividades.
Asimismo, advirtieron que oportunamente se presentó al Poder Ejecutivo un proyecto de presupuesto para el período 2023: "Sin embargo, hemos tomado conocimiento que en abierta violación a lo planteado por la Ley Provincial N° 8024, que dispone la independencia funcional y autarquía financiera del Comité para poder ejercer sus funciones de manera independiente y autónoma sin recibir instrucciones de ninguno de los poderes públicos del Estado, el proyecto de presupuesto ingresado por el Poder Ejecutivo no garantiza presupuesto propio ni lo ha incluido como organismo autárquico", sostiene y explica que se incluye al Comité contra la Tortura dentro de uno de los cursos de acción del Ministerio de Gobierno, sin especificar el monto específico que se le atribuiría.
"Actualmente el Comité funciona de manera precaria en una oficina prestada por la Secretaría de DDHH sin servicio de limpieza, teléfono ni internet", sostienen y recordaron que, al respecto, "se realizaron innumerables gestiones reclamando por el presupuesto que corresponde al Comité por Ley 8024 durante este año, todas infructuosas".
Desde el Comité salteño adelantaron que la gravedad planteada será expuesta al Consejo Federal de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura y a la Asamblea del Consejo Nacional de Prevención de la Tortura que se realizará los días 6 y 7 de diciembre, al tiempo que no descartaron una presentación judicial.
Por último, hicieron un llamado urgente al Gobernador de la Provincia de Salta, Dr. Gustavo Sáenz, y a legisladores "a rectificar el proyecto de presupuesto y aprobar las partidas correspondientes al Comité contra la Tortura de Salta, en tanto organismo autárquico y descentralizado, conforme al proyecto elaborado previamente, a fin de reconducirlo conforme a las obligaciones legales y convencionales", concluye la misiva.
Expectativa versus realidad
Cabe recordar que a mediados de febrero de este año, el Comité contra la Tortura finalmente entraba en funciones en la provincia, con el objeto de controlar los centros de detención de las personas en contexto de encierro y formular las denuncias correspondientes cuando se detecten violaciones a los derechos humanos de los presidiarios, todo ello luego de 5 largos años de espera desde su creación, e integrado por Cristina Cobos y Rodrigo Solá, en representación de las organizaciones sociales, Ramón Corregidor por la Cámara de Diputados, y Marcelo Robles por la Cámara de Senadores, quienes han realizado reveladores informes sobre la situación carcelaria en la provincia.
En el momento de su implementación se le aseguraba al organismo un presupuesto de $10 millones.
