En el transcurso del 2021 los estudiantes secundarios visibilizaron una problemática del acoso en el ámbito escolar que no tenía el tratamiento debido de parte de las autoridades educativas
Tras un primer escrache e imputación judicial al docente Esteban Cruz, un cúmulo de denuncias fueron registradas por el Ministerio de Educación, quienes se vieron obligados a aplicar un protocolo y tomas las medidas correspondientes.
Laura Flores, directora general de Educación Secundaria, informó a Nuevo Diario que desde que asumió el cargo en enero del 2022, se sumaron dos nuevos casos de profesores acusados por acoso; uno de un ordenanza y otro de un profesor del interior provincial, por lo que suman al menos 17 los casos denunciados e investigados.
Flores asumió este año en lugar de Gabriel Tejerina, funcionario que fue acusados por este tema, una vez estallaron los escraches contra los profesores.
La resolución 546 D establece un protocolo de acción para determinar cómo debe actuar el equipo directivo de una institución y el Ministerio de Educación en el caso que se detecten situaciones de violencia de género, acoso o abuso sexual en los estudiantes de niveles secundario y primario, ya sea por parte de personal de la institución o por externos a la misma.
“Tenemos 18 docentes, uno está resuelto. Además, hay gente del equipo directivo que también está retirada del lugar porque se está averiguando el tema de que no han actuado como corresponde, haciendo funcionar ese protocolo”, ratificó Flores.
Función de docentes acusados
Detalló además el procedimiento de los directivos para el cumplimiento de la normativa vigente al tomar conocimiento de esta situación.
“Hay un formulario que se envía a la Supervisión, para que se entere, y después se manda también a la Asesoría de Menores e Incapaces y ellos ya van tomando registro de esto. Cuando por ejemplo se trata de una situación de abuso de un docente, el directivo también es el que tiene que hacer la denuncia judicial de esa situación”, explicó.
A la vez, el Ministerio le retira de todas las horas cátedras que tenga el docente acusado en todas las instituciones públicas y lo pone en funciones administrativas hasta que la Dirección de Asuntos Jurídicos resuelva el caso.
Una vez que se determina el nivel de responsabilidad, se aplica si corresponde, un sumario o sanciones que puede ir desde la suspensión hasta la perdida del trabajo.
“A esa persona se la retira por una cuestión preventiva,se la retira de las aulas y se la ubica en una función administrativa en alguna entidad que dependa del Ministerio para seguir cumpliendo su carga horaria", indicó.
La responsabilidad de directivos
En los casos donde también se ven involucrados directivos de los establecimientos educativos ya sea por omisión, o por no cumplir con el abordaje que establecen las normativas vigentes en estos casos.
Flores recalcó que al ser cargos concursados no se pueden designar nuevas autoridades hasta que se termine la etapa de investigación y sumarial. Por lo tanto, las escuelas quedan a cargo de la Supervisora a cargo del control de esa escuela.
En el caso de las victimas denunciantes, la institución debe garantizar el acompañamiento interdisciplinario para abordar y contener a la estudiante que fue damnificada.
“Se retira a la persona y de ahí tenemos un programa de orientación escolar, es un equipo que está formado por psicóloga, psicopedagoga, y ellas asisten a esta persona que ha tenido este problema”, sentenció.
