El proyecto fue presentado ante el Ministerio de Gobierno de la Provincia.
El registro permitirá un mejor control policial, reducirá las probabilidades de adulteraciones de licencias y será de gran utilidad para evitar que los inhibidos gestionen licencias en municipios que no estén adheridos al Sistema Nacional de Administración de Infracciones
La organización social lleva más de 10 años trabajando en la Provincia en materia de seguridad vial, y promueve el proyecto que busca generar un mecanismo de control social y estatal de manera más eficiente.
"Durante años pudimos conocer muchos casos de familiares de víctimas en siniestros viales en los que, después de una condena mínima, esos mismos familiares o terceros advertían a los inhabilitados conduciendo vehículos, pese a que pesaba sobre ellos una inhabilitación judicial", afirmó Paula Zurita, representante legal de la fundación.
Según informó el registro será público, permanecerá actualizado y se podrá acceder a través de la página del Poder Judicial.
Control policial efectivo
"La actualización de este registro y su publicidad permanente también será de suma utilidad para que desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial puedan actualizar los datos de tales conductores inhabilitados, y los efectivos policiales de seguridad vial y de la municipalidad que realizan controles cotidianos, accedan a esta información en línea", dijo Zurita. En el mismo sentido, la letrada explicó: "Sabemos que un proceso judicial penal desde su inicio hasta su finalización dura aproximadamente entre 4 y 6 años, con lo cual, el conductor al no estar inhabilitado mientras dure el proceso, continúa conduciendo y puede obtener una licencia de conducir hasta por 5 años más".
Esta situación lleva a la necesidad de los familiares de investigar y buscar las pruebas que muchas veces resultan insuficientes a la luz de los ojos de los magistrados, frustrando nuevamente la idea de justicia de aquellos que perdieron a un ser querido en un siniestro vial.
Inhabilitación sin licencia
Zurita recordó que el conductor inhabilitado por la justicia o de manera administrativa, no debe tener una Licencia Nacional de Conducir, aunque el sistema de control no es infalible.
Pese a que todos los conductores deben acceder al CENAT (Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito) los antecedentes provienen del SINAI (Sistema Nacional de Administración de Infracciones), que en la actualidad sólo está vigente en 10 municipios de los más de 60 que tiene Salta.
