Tras su postulación el 21 de marzo pasado, se inició el proceso participativo, en el cual López Viñals obtuvo 2.414 firmas de distintas personas que avalaron su llegada a la Corte, entre ellas se advierten nombres nunca antes obtenidos por los otros ministros del alto tribunal local.
Entre ellos, aparecen el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
También figuran numerosos funcionarios nacionales, como el subsecretario de Justicia y Política Criminal de la Nación, Juan José Benítez; el director de Nacional de Política criminal, Carlos González Guerra; el subsecretario de Articulación Judicial del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache y la subsecretaria de Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia, María Fernanda Rodríguez.
Dos de estos funcionarios, González Guerra y Gache, integraron la Comisión Redactora de la Reforma del Código Penal de la Nación, en la cual López Viñals también integró junto a otros 10 juristas de prestigio nacional seleccionados por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri.
Aval desde España
Por otra parte, se destaca al apoyo del Jefe de Unidad de Relaciones Externas e Institucionales del Poder Judicial de España, Andreu Estela Barnet, un funcionario judicial ampliamente reconocido por ser uno de los impulsores en ese país del primer programa de tratamiento de agresores, como un recurso innovador en materia de violencia de género, modalidad que ahora es un auge.
Otro de los nombres que se destacan es el del actual Procurador General de la Nación, Eduardo Casal. También aparecen numerosos procuradores y fiscales generales de distintas provincias, como Alejandro Ficoseco, de Jujuy; Luis de la Rúa, de Santiago del Estero; Jorge Crespo, de Río Negro; Jorge Miquelarena, de Chubut; Jorge Canteros, de Chaco; Jorge Almicar Luciano García, de Entre Ríos; Jorge Baclini, de Santa Fe; Mario Bongianino, de La Pampa y también Presidente del Consejo de Procuradores, Defensores y Asesores Generales de Argentina; César Sotelo, de Corrientes; Alejandro Gullé, de Mendoza; Enrique Lilljedhal, de Catamarca y Javier Vallejos, de La Rioja.
Otro de los datos llamativos que surgen de las adhesiones a la postulación a López Viñals, fue la cantidad de jueces del Poder Judicial de Salta que adhirieron al actual procurador.
Son alrededor de 45 magistrados, a los que se suman empleados, secretarios y otros funcionarios judiciales. También se observan varios defensores oficiales y asesores de menores e incapaces. De la justicia federal de Salta los nombres que firmaron por López Viñals, alrededor de 20, entre jueces, camaristas y fiscales federales y otros funcionarios de ese fuero.
