Fueron los miembros de la Iglesia Cristiana Evangélica "Cristiandad" de JC Paz de la provincia Buenos Aires quienes dieron aviso de la situación cuando la fiscal Penal de Embarcación, Gabriela Souto, había decidido frenar los trabajo del pozo de agua por las medidas que se dictaron en las tierras.
Hace tres años una parte de la comunidad de Las Llanas se trasladó al lugar que, al mismo tiempo, es disputado entre la familia Burgos y la empresa Tranquera del Norte S.A, que en principio está conformada por funcionarios del gobierno nacional.
Según la familia Burgos, es llamativo que en medio de la disputa legal haya una parte de la comunidad que llegó hasta las tierras que ellos reclaman como posesión veinteñal cuando "nunca las comunidades vivieron en estos lugares".
Ante ello, sospechan que existe algún tipo de maniobra que se termina pergeñando a fin de lograr que se auto expulsen del lugar por la cantidad de conflictos en la zona.
La nueva disputa
"Estamos buscando poner una bomba de agua manual", dijo Estela Mariseles a Nuevo Diario al ser consultada por la situación.
Informó que esta perforación se empezó a hacer hace pocas semanas costeada por la Iglesia a la que pertenece y la idea era poder ir hasta el lugar para inaugurar la bomba de agua.
En la denuncia, mostró que las 12 familias de la comunidad que se trasladaron a las tierras que están en disputa deben tomar el agua de un bañado que queda cerca del lugar y que sacan directamente con turbiedad.
Ello sucede cuando se acaba el agua que la delegación municipal de Hickman provee a la comunidad a través de dos tanques con los que cuentan. Esto, dijo la evangelista, sucede al menos una vez por semana si es que no hubo inconveniente para llegar hasta el lugar con el líquido elemento.
"Ellos (por la comunidad), tienen derecho al agua. Que en todo caso la disputa de las tierras continúe", sostuvo la mujer al responder a las consultas.
Sucede que cuando el agua se termina en los tanques, los miembros de la comunidad deben cruzar la ruta nacional Nº 81, la cual se constituye en un peligro por la velocidad que toman los vehículos que pasan por el lugar y por ello querían disponer la bomba manual en la zona.
"Por lo menos nos hubiesen venido a consultar", dijo por su parte Daniel Burgos, parte de la familia de la finca La Mina. Negó que se haya amenazado con armas blancas a los originarios (como denunció Mariseles, había ocurrido en su momento), y por el contrario, aseguró que son "continuamente agredidos" por los originarios dado que "nos cortan los alambrados y los animales se escapan y muchos mueren en la ruta", cuando son atropellados por los vehículos. Mientras, se quejó de que ninguna autoridad muestre voluntad para solucionar el conflicto.
