La Auditoría General de la Provincia puso en conocimiento del Procurador General Abel Cornejo el informe de irregularidades que se detectaron en la auditoria efectuada al municipio de Rosario la Frontera, a cargo del intendente Gustavo Solis.
La comunicación de irregularidades fue presentada ante el Fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores.
Una serie de hechos que podrán constituir figuras delictivas que están prevista y reprimidas por el Código Penal Argentino forman parte del informe. La presentación ofrece documentación respaldatoria que forman parte del informe elevado al Procurador General de la Provincia.
La presentación, firmada por el auditor General Mariano San Millán, solicita al Procurador intervenga y “en su mérito promueva la acción penal que estime corresponder”, teniendo cuenta que se lograron detectar una serie de irregularidades, fundamentalmente con la contratación de personas físicas y personas jurídicas.
Con respecto a las personas físicas se detectaron ciertas incompatibilidades como emisión de facturas apócrifas, falta de inscripción en IVA, Ganancias; sin registrar alta como empleador, calificación como contribuyente de alto riesgo en la DGR, etc.
Con relación a las personas jurídicas, detectaron precariedad e insolvencia de la situación patrimonial económica y financiera, sin estados contables, falta en los inventarios patrimoniales de maquinaria y elementos para la realización de obras.
Con relación al Programa Salta solidaria constataron ciertas irregularidades que se pusieron en conocimiento al Ministerio Público fiscal para el análisis del manejo de fondos públicos vinculados con la ayuda social a las personas.
Se desprende del informe, la posibilidad de que la Municipalidad de Rosario de la Frontera haya hecho contrataciones directas o parcializado las compras para evitar llamados a licitación.
