Actualmente existen cuatro proyectos de Ley que plantean la creación de dicha figura, los que son de autoría de los diputados Germán Rallé, Mónica Juárez, Santiago Godoy y Jorgelina Juárez, respectivamente. El tratamiento del proyecto de Juárez estaba previsto que sea tratado el martes pasado, pero se desestimó por no contar con dictamen de las Comisiones de Justicia, de Derechos Humanos; Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.
Durante la reunión encabezada por el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Gonzalo Caro Dávalos, y ante la consulta de los legisladores, Mirta Lapad detalló el trabajo que lleva adelante el organismo en cada uno de los Distritos, como también precisó los desafíos que se plantearon a partir del contexto de pandemia.
En relación a la propuesta, la funcionaria consideró que se debe realizar un exhaustivo análisis y debate sobre la misma; en tanto, se explayó sobre las competencias de esta figura y su implementación en el sistema de Justicia, planteando desde su punto de vista, una superposición con el rol del Ministerio Público Pupilar, motivo por el cual consideró adecuado profundizar y optimizar las políticas públicas; como así también la asignación de puesta en funcionamiento de los cargos creados y mayores partidas que permitan perfeccionar el servicio.
Esta reunión fue la primera de una serie de encuentros que tienen como objetivo analizar el articulado de las diferentes iniciativas.
Participaron del encuentro los diputados Gonzalo Caro, Laura Cartuccia, Cristina Fiore, Mario Moreno, Mónica Juárez, Santiago Godoy, Jorgelina Juárez y Osbaldo Acosta.
La Ley N° 6.721 promulgada el 19 de mayo de 1998 en Salta creó el Consejo Provincial de la Infancia y estipula en uno de sus articulados (art. 12) que el Presidente de dicho Consejo ejercería las funciones de Defensor de los Niños y cuya competencia sería determinada por la normativa que reglamente dicha Ley. Cabe aclarar que su competencia nunca fue reglamentada ni puesta en funcionamiento
Emergencia sanitaria
Este martes la Cámara de Diputados tratará la prórroga de la emergencia sanitaria por COVID-19 hasta el 31 de diciembre.
El proyecto enviado por el Ejecutivo se fundamenta en la necesidad de dictar medidas tendientes a combatir, a mitigar su propagación y evitar daños en la salud de las personas.
El proyecto señala que: “Ante la continuidad de los motivos que dieron lugar al dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 250/2.020 por parte del Poder Ejecutivo Provincial, convertido en Ley Nº 8.188 y prorrogado luego por Ley Nº 8.206 y por el Decreto Nº 190/2.021, deviene necesario prorrogar la vigencia del estado de emergencia sanitaria declarado en todo el territorio de la provincia de Salta hasta el 31 de diciembre de 2.021, delegando la facultad de prorrogarla nuevamente al Poder Ejecutivo, desde su vencimiento y hasta el 30 de junio de 2.022. Por los motivos expuestos, se requiere a la Legislatura acompañe la presente iniciativa”.
