En rigor, lo que el Supremo rechazó en ese caso fue la concesión de la libertad provisional al expresidente (2003-2010) hasta que se aboque al tratamiento del fondo de lo planteado por sus abogados: la presunta parcialidad del exjuez federal anticorrupción y actual ministro de Justicia Sergio Moro.
Dos jueces de la Segunda Sala del STF (Gilmar Mendes y Ricardo Lewandowski) votaron a favor de liberar al líder de la izquierda brasileña, de 73 años y preso desde abril del año pasado, mientras el cuerpo define si procede la denuncia de la defensa sobre una supuesta denegación del derecho de defensa.
En tanto, una mayoría de tres magistrados (Edson Fachin, Celso de Mello y Cármen Lúcia) votó por mantener la actual condición de prisión hasta que se trate el fondo de la cuestión planteada en el habeas corpus.
El primer recurso de la defensa, referido a la apelación del fallo por el que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) había confirmado la condena de Lula por corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso del tríplex de Guarujá, había sido rechazado minutos antes por 4 votos a 1 debido a que el STF tiene competencias constitucionales y no penales, como aquel.
Pendiente de tratamiento
El segundo habeas corpus, que queda pendiente de tratamiento, hace al centro de la discusión político-judicial en Brasil: la supuesta parcialidad de Moro contra el exmandatario y, en un extremo, la legitimidad del capítulo más sensible de la operación Lava Jato.
El caso dejó expuesta la profunda grieta que atraviesa a la más alta instancia judicial de Brasil.
Inicialmente, la titular de la Segunda Sala del Supremo, Cármen Lúcia, había decidido sacar de la pauta de ayer el tratamiento de ambos habeas corpus, sin indicar una fecha nueva para ello. Sin embargo, después de la intervención de uno de los abogados del expresidente, Cristiano Zanin, se abrió un fuerte conflicto que, en definitiva, alude a la legitimidad de la operación Lava Jato en general y de la actuación de Moro en el caso Lula en particular.
Tras la decisión de Cármen Lúcia, una defensora permanente de aquella operación, el ministro Gilmar Mendes señaló que “Tiene razón el abogado (de Lula) cuando alega contra la prolongación del período de prisión con condena confirmada en segunda instancia” y no con una sentencia firme, como señala la Constitución. “Como tenemos todo el orden de trabajo organizado, lo que propongo es conceder una medida para que el peticionante aguarde en libertad nuestra deliberación final”.
Ante esa posibilidad, una presionada Cármen Lúcia cedió y aceptó, a último momento, el tratamiento del pedido de libertad del líder de la izquierda, rechazado, como se dijo, por mínima diferencia.
Lula cumple en Curitiba (estado de Paraná, sur) una condena de 8 años y 10 meses de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, pero sostiene su inocencia a pesar de que el fallo de Moro fue confirmado en segunda instancia y avalado por el STJ.
El centro de su queja es la supuesta animosidad de Moro, algo que ganó fuerza tras la difusión por parte del sitio The Intercept de chats filtrados en los que el exjuez y los fiscales mantienen conversaciones al parecer impropias.
En las mismas, Moro aparece invadiendo al parecer ilegalmente las tareas de investigación y los procuradores parecen actuar con la motivación de sacar a Lula del proceso electoral, lo que fue posible tras su condena en segunda instancia.
