Nuevo Diario, pudo confirmar que, desde hace meses está elevado el pedido de juicio por la causa que se tramita en el juzgado de Ignacio Colombo, contra Patricia Argañaraz, ex secretaria general de la Asociación Docente Provincial, y Ana María Cerezo, actual tesorera de la institución, que están imputadas por 29 delitos en las que la Unidad de Delitos Económicos Complejos, considera coautoras materiales penalmente responsables de los actos a las que se las involucra.
En octubre del 2020, el fiscal Leandro Flores, quien en ese momento tenía la causa, imputó por 22 hechos de las faltas mencionadas, que luego se incrementaron por denuncias que siguió recogiendo la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, en el marco de la investigación.
En esta imputación también se incluyó a Raúl Dante Argañaraz, hermano de la dirigente gremial y que formaba parte del fideicomiso que conducían Cerezo y Argañaraz.
Administración fraudulenta comprobada
En ese momento, Flores verificó, que las imputadas Argañaraz y Cerezo, en su condición de secretaria General y tesorera de ADP, respectivamente, tenían a su cargo la conducción y administración del gremio pero al mismo tiempo, ejercían como fiduciarias del “Fideicomiso de Administración al costo “Virgen De Urkupiña I”.
En ese rol, la fiscala tiene probado que “ambas realizaron intencionalmente actos tendientes a perjudicar los intereses que les fueron confiados en el marco de la representación gremial, violando los deberes que se originaban en las funciones ejercidas por la secretaria general y tesorera, distrayendo dinero y bienes de la institución y permitiendo el usufructo gratuito de oficinas y el servicio del personal de ADP, a favor de una entidad de índole comercial, ajena al gremio, pero sobre la cual los acusados también tenían un interés en su desarrollo”.
Así, entre otras maniobras, Argañaraz habría realizados gestiones dirigidas a lograr la transferencia de un inmueble de propiedad de ADP hacia el fideicomiso privado sin abonar suma alguna.
En el marco de la investigación se secuestró documentación del gremio docente, donde en estados contables se señaló numerosas fallas en el control interno.
“Las rendiciones de salidas de dinero no contaron con documentación comprobatoria que valide la existencia y origen del gasto siendo habitual la registración de salidas de dinero sin aplicación contable precisa y concreta”, explicó Flores, en ese entonces.
Cheques, fideicomiso y viviendas
También se constató la “inexistencia de conciliaciones bancarias, pagos de gastos personales ajenos a la institución, pagos indocumentados a través de transferencias además de la emisión y cobranza de cheques de caja de los cuales no fueron registrados como ingreso de fondos en las cajas en el departamento contable”.
La única operación económica del fideicomiso era la construcción de 23 viviendas, que tenían 110 aportantes al proyecto y ya llevaba una demora de 2 años, pero no hubo ninguna terminada.
De los informes bancarios surgió que el Fideicomiso recibió fondos desde la cuenta de ADP desde el 23 de agosto de 2017 al 27 de agosto de 2018, por una suma de $5.997.400, a pesar de que sólo existió autorización para dos transferencias, por $1.400.000 y $2.500.000.
Las estafas reiteradas
En la imputación realizada en el 2020 sobre las acusadas, el delito de estafas se sustentó en que procedieron a dar apariencia de legalidad al negocio del fideicomiso, a pesar de conocer la inviabilidad legal y económica del proyecto; vinculando su realización a la asociación gremial en la que ejercían funciones y publicitándolo entre los asociados, con el fin de que se adhirieran personas en calidad de fiduciantes, según reza el decreto de imputación.
“Les prometieron que por medio de un desembolso inicial de dinero y luego abonando cuotas, accederían a una vivienda en alguno de los loteos que se efectuarían en inmuebles claramente individualizados”, afirmó el Ministerio Público Fiscal en un comunicado sobre el tema.
Además, Flores constató que los imputados habrían recibido dinero, por medio de transferencias bancarias a las cuentas del Banco Macro SA o pagos en efectivo, de varios de los afiliados del sindicato que depositaron un monto al firmar el contrato de hasta $145.000 aproximadamente y otros en concepto de cuotas, “confiando en que abonaban dicho dinero para acceder al terreno y a la construcción de una vivienda que se iba a edificar”.
