A casi cinco años de la tragedia de Guachipas, donde cuatro brigadistas de Defensa Civil murieron quemados cuando intentaban sofocar un incendio forestal en el cerro El Acheral, ayer el magistrado resolvió este incidente que tenía paralizada la causa, y con ello volvió a darle curso al caso para que se llegue a juicio.
La Fiscalía de Estado ya había intentado salirse de la causa, cuando en septiembre de 2017, el Juzgado de Garantías 4, recibió un pedido de juicio en contra de Víctor Jesús Ola Castro, Roberto Durneli y César Dagún, todos ex funcionarios de Defensa Civil por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
En esa oportunidad, la Fiscalía de Estado planteó quedar afuera del caso, pues ya había en el Juzgado Contencioso Administrativo un expediente en el que se litigaba un reclamo resarcitorio para las víctimas, argumento que fue rechazado por la jueza de Garantías.
Ahora, bajo la dirección de la Fiscal de Estado, Pamela Calletti, el abogado, Pablo Cuéllar Medina, volvió a interponer un nuevo recurso a fin de revertir la situación y reencausar el reclamo civil de los familiares de las víctimas en el ámbito contencioso administrativo.
Este segundo recurso, después de casi dos años, fue resuelto finalmente por el juez Figueroa, quien le dio la razón al juez de Garantías y por segunda vez rechazó las apetencias del apelante, representante de la Fiscalía de Estado de la Provincia.
Es asi que la causa penal por la muerte de los brigadistas Martín Albarracín (27 años), Víctor Ferreyra (37), Matías Daniel Vilte (22) y Mauricio Valdez (27) vuelve a tomar impulso, pues el lunes pasado, el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, informó que el expediente esperaba este fallo para seguir con el trámite de la causa.
Los argumentos del fallo
En el fallo, Figueroa sostuvo que “el Código Procesal Penal de Salta reconoce expresamente derechos a la víctima y asimismo establece en los artículos 31 y 32 que el Estado deberá ejercer la acción civil en sede penal cuando la provincia resultare damnificada por el delito.
Es decir, expresa, que se admite el reclamo por parte del Estado como sujeto activo de la pretensión, lo que también le permite inferir que queda incluido dentro de las previsiones normativas referidas anteriormente en aquellos casos en que deba indemnizar los daños que resultaren a consecuencia de ilícitos atribuibles a sus funcionarios, dependientes o empleados en el ejercicio de las funciones”.
Asimismo, agregó que “frente al ejercicio de la acción, la pretensión reintegradora patrimonial del actor civil en sede penal vincula en primer lugar al imputado y después a quien deba responder por su hecho conforme a las leyes civiles. Esto hace que el poder de defensa se extienda también a la cuestión civil, teniendo como titulares al imputado y al tercero que fuere civilmente demandado”.
“Es decir entonces que la parte civilmente demandada, en este caso el Estado provincial, sólo deberá responder por el daño que los imputados provocaron con el hecho punible, declarado como tal por el Tribunal penal”.
En ese sentido, actuando en este caso como tercero civilmente demandado, la Provincia no puede ser excluida para actuar dentro del proceso penal, debido a su carácter de sujeto de derecho público.
En vista de estos argumentos, y citas de jurisprudencias al respecto, el juez Figueroa resolvió rechazar el planteo de la Fiscalía de Estado, con lo cual el caso volverá a reactivarse rumbo al juicio oral y público, instancia que se espera sea concretada en los próximos meses.
