Asimismo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) puso a disposición una comisión técnico investigativa a fin de colaborar en el esclarecimiento de lo sucedido.
La comisión especial está conformada por investigadores y técnicos criminalistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales pertenecientes al Departamento de Investigaciones de la Unidad de Delitos contra la integridad sexual del distrito centro y profesionales del Departamento de Criminalística, que partieron hacia Alto La Sierra a efectos de contribuir con el despliegue de las tareas de investigación, bajo las directivas que considere el magistrado interviniente.
El hecho ocurrió en la Comunidad wichí "Bajo Grande", ubicada en Santa Victoria Este. La niña fue alcoholizada, abusada y golpeada hasta casi darla por muerta, según consignó el medio Multivisión.
Por la gravedad de las heridas la menor fue derivada desde el Hospital de Alto la Sierra hasta el nosocomio de Tartagal. Ya en éste, se le detectaron tres heridas cortantes en su cabeza, diagnosticándole traumatismos encéfalo craneanos de gravedad, también tenía moretones en todo su cuerpo y signos de ahorcamiento. Horas más tarde, se confirmó el abuso sexual.
La familia de la menor denunció que en el grupo que obligó a ingerir alcohol a la niña, había menores y mayores de edad, y por el aberrante hecho sólo se detuvo a un menor de 14 años que tendría un parentesco con la víctima.
En busca de una luz de justicia
Lo sucedido con la joven wichí de Alto La Sierra, conforma uno más de los crudos relatos de abusos sexuales que históricamente padecieron y padecen niñas, jóvenes y adultas de las comunidades originarias, siendo víctimas de todo tipo de abusos, y a la espera incierta de la contención por parte del Estado, y una respuesta de la justicia. En ese sentido, es necesario recordar que en el mes de febrero de este año, la recientemente fallecida Octorina Zamora, referente de la lucha feminista en las comunidades originarias entregó formalmente al Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta una carta firmada por una treintena de mujeres de la comunidad Misión Kilómetro 2, ubicada en el departamento Rivadavia, en jurisdicción del pequeño pueblo de Pluma de Pato, a casi 400 kilómetros de la ciudad de Salta, exigiendo públicamente que se repare el daño causado por los abusos sexuales cometidos por hombres "criollos" en perjuicio de niñas y mujeres adultas indígenas, una práctica que aún sigue. La denuncia aún no obtuvo ningún resultado ni respuesta contundente, más allá de los compromisos protocolares del momento.
No sólo los números no cesan, sino que a ese dolor este año el norte se enlutó con la muerte de dos niñas: Pamela Julia Flores, una nena wichí de 12 años que había desaparecido el 12 de enero y cuyo cuerpo fue encontrado el 15 de ese mes, al costado de la ruta nacional 81, cerca del acceso a su comunidad, Kilómetro 2 del municipio de Embarcación en el norte provincial. El segundo caso, fue el de la niña wichí Florencia Isabel Torrez, de 14 años, asesinada el 5 de marzo en la localidad de Pichanal. En ese sentido y a nivel nacional, recientemente fue presentado por la Senadora Nora Giménez el proyecto que propone la modificación de 4 artículos de la ley nacional 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. A través de estos cambios, quedaría establecida como una modalidad específica de violencia la que sufren las mujeres, adolescentes y niñas indígenas en sus diferentes formas, además ordena disponer nuevas herramientas para mejorar el acceso a la justicia. También se establece la obligatoriedad de que los defensores tengan conocimiento de la cultura de las comunidades.
