El pedido solicitado es por un hecho perpetrado en octubre de 1975 que -de acuerdo al alegato de los acusadores públicos- tuvo relación con la persecución desatada en la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, conocida como "Plan Cóndor".
La fiscalía y la querella expusieron ayer su alegato en el marco del juicio donde Juan Carlos Alzugaray llegó acusado como coautor del delito de privación ilegítima de la libertad, agravada por el uso de violencia y amenazas, y partícipe necesario de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.
La jueza Gabriela Catalano (presidenta) y los jueces Federico Santiago Díaz y Mario Marcelo Juárez Almaraz fijaron audiencia para el 28 de noviembre, cuando será el turno para la exposición de la defensa.
En la audiencia de ayer, Carlos Amad y Juan Manuel Sivila expusieron los fundamentos que llevaron a solicitar la pena máxima para Alzugaray por la detención ilegal y asesinato de Gustavo Medina Ortiz. El hecho ocurrió el 10 de octubre de 1975, en la casa que ocupaba en calle Mendoza 1.511, en el macrocentro de esta ciudad.
"Medina Ortiz fue secuestrado de su domicilio por efectivos que estuvieron al mando de Alzugaray, entre los cuales había agentes de fuerzas bolivianas. Se lo llevaron y desde esa noche, el abogado se encuentra en calidad de detenido desaparecido", sostuvo el fiscal general.
Adjudicó este accionar a "un plan sistemático de represión ilegal que se aplicó a la población civil, en este caso de alcance trasnacional aplicado en la década de 1970, conocido también como el Plan Cóndor", con radio probado de acción en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Al respecto, el fiscal ad hoc profundizó aspectos y jurisprudencia sobre este "fenómeno represivo continental", cuyo objetivo estaba dirigido a eliminar a personas como Medina Ortiz, quien tenía una intensa actividad política en sectores de izquierda de su país. Indicó que por tal motivo el abogado "fue perseguido en Bolivia y también en nuestro país", a donde acudió luego del régimen de facto instaurado por el general Hugo Banzer Suárez tras derrocar a Juan José Torres, gobierno en el cual había participado la víctima.
Explicó que, en su país natal, Medina Ortiz fue asesor de la Departamental Obrera de Tarija, militante de la Asamblea del Pueblo y que integró el grupo de izquierda Espartaco, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y también incursionó en el Frente Revolucionario Antiimperialista.
Ayudaba a compatriotas que llegaban a Salta como exiliados
Medina Ortiz viajó a países con regímenes afines como China, Rusia y Corea del Norte, lo que surge del testimonio brindado en el juicio por su hijo Richard Iván Medina Hoyos y de una serie de documentos que fueron desclasificados por el gobierno boliviano.
Con estos antecedentes -agregó el representante del MPF- Medina Ortiz fue vinculado a la guerrilla por sus perseguidores, situación que obligó al letrado a exiliarse en Salta en septiembre de 1971, primero en la ciudad de Orán y luego en la capital.
Sin cesar en su actividad política, el letrado ayudó a otros compatriotas que corrieron su misma suerte. Ello, explicó la fiscalía, intensificó la persecución local, que en este contexto fue llevada adelante por efectivos de la Delegación Salta de la Policía Federal, quienes -según se explicó- tenían como costumbre arrestarlo los fines de semana.
Agravamiento
El representante del MPF explicó que, con el tiempo, la condición se agravó y llevó a Medina Ortiz a realizar gestiones ante las Naciones Unidas para adquirir estatus de refugiado. No pudo avanzar en el trámite dado el fuerte asedio de las fuerzas represoras.
A modo de pantallazo de esos momentos vividos por la víctima, el fiscal ad hoc resaltó el tenor de una carta escrita por la víctima a su padre en Bolivia, a quien le pedía que viajara a Salta para hacerse cargo de sus nietos, pues preveía un final incierto para sí mismo.
El fiscal Amad señaló a Alzugaray como la persona encargada de entregar a Medina Ortiz a los agentes bolivianos, lo que consideró que prueba no sólo su participación en el operativo que se presentó en horas de la madrugada en la casa del abogado para llevárselo, sino también significó una clara evidencia del entrecruzamiento de información de inteligencia en el marco del Plan Cóndor.
"Se hizo una comunidad de inteligencia para perseguir al que piensa distinto, un despliegue que, si se hubiese hecho para combatir el narcotráfico, por ejemplo, todo sería mucho mejor", ensayó el fiscal, quien retomó la acusación contra Alzugaray de manera enérgica al señalar que "el acusado fue reconocido por la mujer de Medina Ortiz y otra testigo, por lo que no hay dudas de su responsabilidad penal en este crimen".
