La decisión judicial, sorpresiva por cierto, llegó en respuesta a un amparo colectivo presentado en marzo pasado por la Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos, la que, casualmente, solicitó se declare la inconstitucionalidad de las Resoluciones 411/18 y 412/18 de la AMT, instrumentos a través de los cuales se había dispuesto el cuadro tarifario que implicó el aumento del precio de un peso por mes hasta llegar a $26.
Por otra parte, la jueza desestimó la pretensión subsidiaria de la Asociación de Usuarios, la que planteó la restitución de los incrementos aplicados por el cuadro tarifario que devino de las resoluciones, ahora declaradas nulas por la magistrada.
En el proceso del amparo, cabe señalar, la Autoridad Metropolitana de Transporte había solicitado que el planteo se declare abstracto, “por entender que el aumento del boleto de colectivo dispuesto por la resolución 412/18, fue superado por la inflación del corriente año”, aspecto que fue rechazado.
“La protección del usuario y el interés público son el norte del presente proceso, y en ese contexto no puede dejar de observarse que son esencialmente los trabajadores, así como los estudiantes, y jubilados quienes emplean cotidianamente el transporte público de pasajeros, y es la continuidad plena de la prestación del servicio la que preocupa en esta instancia decisiva”, señaló la jueza.
Comisionada
En el trámite se presentó y fue admitida como “amicus curiae” la Comisionada Defensora del Pueblo de la Ciudad de Salta, María Frida Fonseca Lardies. “Si en los procesos colectivos los jueces somos llamados a dar una solución al conflicto planteado que excede a los litigantes presentes en el trámite debe ampliarse la base de participación ciudadana en el proceso como forma de garantía del sistema republicano democrático. Los amicus resultan ser el formato que la jurisprudencia y legislación en nuestro país han elegido desde hace ya más de una década, para sortear la complejidad que surge del especial rol que desempeña el Poder Judicial al dictar fallos con vocación regulatoria emergentes de procesos trascendentes”, agregó.
