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A 10 MESES DE LA CAUSA PIDEN LA NULIDAD

"Hay una persecución medieval y una caza de brujas contra la médica Miranda Ruiz"

A diez meses de la causa, el abogado de la médica Miranda Ruiz Oscar Pedro Guillén, al presentar el martes el pedido de nulidad, no ahorró sus descalificativos contra el juez de Garantías 2 de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta y el fiscal penal Gonzalo Ariel Vega de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal.

NDS |

Miranda Ruiz, médica de la ciudad de Tartagal, está siendo judicializada tras garantizar un aborto a una joven de 21 años en agosto de 2021.
Miranda Ruiz, médica de la ciudad de Tartagal, está siendo judicializada tras garantizar un aborto a una joven de 21 años en agosto de 2021.

Acusa al juez y al fiscal de montar contra la médica Miranda Ruiz un escenario propio de la era medieval y lo comparó a una "caza de brujas" con todo armado para quemarla en la hoguera por las "hipotesis desbordadas, dehorbitantes y extralimitadas donde puede pasar de todo".

Sobre la causa que imputa a la médica por el presunto delito de “aborto sin consentimiento”, refirió que está frente a dos representantes de una justicia que "llevan adelante un trámite de una causa desquisiada y con criterios caóticos".

En la entrevista realizada esta mañana en FM Pacífico por el periodista Héctor Alí, el abogado Guillén se despachó sin tapujos y realizó un este análisis exhaustivo de lo calificó como atrocidades conn las actuaciones realizadas hasta la fecha.

En este punto comenzó por subrayar un hecho particular del juez y fiscal que, la acusaron a Miranda Ruiz, la detuvieron y la liberaron, todo en un mismo día.

"El 3 de septiembre el juez comparte el criterio del fiscal y la detienen y el mismo 3 de setiembre dicta otra resolución donde dice que el fiscal se equivoca y la libera".

"No parece el mismo juez, pero es el mismo juez, despues fustiga al fiscal diciendo que había pedido demás, pero es pricisamente quien la detuvo, el que dice esto", puntualizó.

"Ahora, una vez que la libera la somete a la médica a medidas judiciales cohercitivas, de esto han trancurrido diez meses y he pedido que cesen y hoy reiteré el pedido".

"No hay ninguna razón para que se mantenga esta medida todo este tiempo, la doctora no presionó a ningún testigo, no tocó un papel, mantuvo y observó una conducta intachable", destacó.

Afirmó que si bien están decididos a llevar este caso hasta las últiimas consecuencias, no se sabe lo que puede pasar "porque solo cuando hay una acusación precisa, puede haber una defensa precisa".

Denunció que hay equivocos, falsos testimonios y presiones desorbitadas a una joven que fue voluntariamente a requerir la práctica del IVE, por lo que se intervino de inmediato con el protocolo que marca la ley.

"Fue evaluada por un equipo interdisciplinario, una sicóloga, un asistente social, un ginecólogo, incluso por el gerente del Hospital de Tartagal. Fueron seis los profesionales que intervinieron", remarcó.

Plazo para resolver la nulidad 

Supuestamente el juez tiene un plazo para resolver la nulidad pero Guillen asegura que "en la justica argentina hacen lo que quieren con los plazos y los pedidios que hacemos. Los tiempos dependen de ellos. Yo hice un pedido el lunes, lo reinteré ayer y hoy lo acabo de hacer de nuevo, no obstante parece que del otro lado no hay respuesta".

Subrayó que se cumplieron 10 meses que "la doctora Miranda Ruiz ha sido fustigada, deshonrada, insultada y mucha gente no conoce el transfondo, los hechos y cualquiera que lea el expediente con un criterio imparcial se va a dar cuenta que estamos en presencia de un poder penal desenbozado al que hay que limitar y ponerlo en su causa".

El ataque a una médica residente

Guillén remarcó otro hecho llamativo y particular. Que Ruiz "es una médica residente y resultó ser la única imputada, con una cusación que no tiene explicaciones coherentes y con términos arbitrarios, misoginos, violentos".

Le resultó llamativo también que a pesar de que fueron 6 personas las que intervinieron en esta IVE, terminaron incriminando unicamente a una médica residente.

"El lunes presenté el decreto N°1277 del año 2000 que regula las prestaciones y responsabilidades de medicos residentes trasladando las desiciones a los superiores, a los jefes de residencia, coordinadores y supervisores. Entonces a un médico residente no se le puede achacar la responsabilidad de una práctica donde intervinieron 6 profesionales", precisó.

Hostigamiento y presiones incesantes

En su relato pormenorizado sobre el hecho ocurrido el 23 de agosto del 2021, donde una mujer concurrió voluntariamente al Hospital de Tartagal a realizarse la práctica del IVE, con un tratamiento de internación voluntario con pastillas, se trató de instalar que hubo un arrepentimiento.

"En realidad lo que hubo fue un contexto de presión, llamados incesantes de sacerdotes, concejales, diputados, de gente que la hostigó sin torcer su volunta, persistió al tratamiento y su consentimiento".

Explicó lo descabellado que fue la querella a la que el juez y el fiscal hicieron lugar. "La hizo un el tio no conviviente que interviene vive en Salvador Mazza y la tía tampoco no conviviente, que vive en Mosconi. Amgos no sabían del embarazo, pero fueron quienes denunciaron el caso.

"No solo denuncian, sino que también se constituyen en querellantes. Es decir, son los tíos de una persona mayor de edad, responsable y capaz, pero resultó que un fiscal lo admitió y luego también el juez sin tomar en cuenta su situación intrafamiliar". 

Contó que lo primero que hice antes estos hechos fue pedir el cese de esta querella "sumanente agresiva que llegó al punto de someter a la médica residente a una pericia a la médica siquiátrica y psicológica vejatoria, también admitida un fiscal y un juez". 

Daño irreparable y medidas coercitivas

Guillén puso de relieve que lo provoca esta causa a la medida Miránda Ruiz "es un daño de gran calibe, irreparable en su honor, su espiritualidad en su reputación", pero a la vez celebra y se sorprende por "la enteresa que ella conserva y su vuluntad de pelear esto hasta las últimas instancias", resaltó. 

Denunció que el juzgado de Tartagal a esta altura de la causa, no le concedió aun ningún pedido de los que hizo.

"Yo espero que prime la cordura, revisen los graves errores que han cometido. Por lo menos que comiencen a desafectar la plena libertad que marca la constitución, los tratados internacionales, el Código Procesal de Salta, que indican que no puede estar sometida todo este tiempo a medidas coercitivas".

Si esto no revierte el abogado defensor adelantó que recurrirán y apelarán. "Yo creo que en cuanto subamos en intancias procesales vamos a tener acogida, porque estamos ante un poder penal desenbozado, salido de quicio y alguien tendrá que ponerlo en órden y decirles que esto no se puede hacer. Esta situación excede lo que es una siituación procesal o penal", enfatizó.

"Instalaron de que el aborto es punible"

La ley de la IVE fue aprobada y asegura que "los militantes, los fundamentalistas, que se resiten a la aplicación de la ley provocan esta situación", considera Guillén.

"Con este expediente, con esta causa que es un desastre procesal, un mamarracho, aleccionan y han logrado instalar en la sociedad que el aborto es punible, y el que lo hace va a ir detenido o va a tener serios problemas judiciales, lo han logrado", enfatizó.

Insitió  en que la doctora Ruiz y el equipo interdisciplinario médico del hospital que decidió garantizar el aborto de esta mujer.

"Actuaron con total con total ajuste al protocolo de procedimiento emitido por el Ministerio de Salud Pública de la Nación, como puede ser que esté atravesando esta situación de hostigamiento procesal".

Hoguera y persecusión medieval

"Hay una presecusión medieval a la doctora Ruiz. Se ha montado una hoguera, han acercado todos los maderos, el cadalso está construido y están esperando que suceda lo peor con ella. Pero yo creo que despues de 10 meses con un fiscal todalmente subjetivo, cuando la ley ordena a los fiscales ajustarse a los criterios objetivos y colectar elementos incriminante y desincriminantes", acusó.

"Este fiscal se limitó a buscar elementos solo incriminatorios, que son la denuncia de la tía, falsos testimonios que pueden ser visto como tal por cualquier actor imparcial que vea el desastre que se hizo con esa causa", arremetió.

Adelantó que este caso amerita una presentación a la Procuración General, porque el sistema tiene que tener un cuidado con el que deben ser elegidos a los jueces y los métodos de remoción cuando incumplen las obligaciones que juraron respetar.

"Estamos además ante jueces y fiscales penales, que tienen mucho poder para privar a las personas del biien más preciado que tienen las personas, como es su libertad", señaló.

Recordó además que todos saben que en las provincias y ciudades del interior "se viven afiatadas prácticas patriarcales, machistas, misóginas; y en este proceso están todas, y hay un gran muestrario de prácticas violentas e incriminatorias".

"Nosotros no vamos a dejar que se perpetue este daño por haber aplicado una ley y porque los sectores conservatorios y reaccionarios tienen que finalmente aceptar una ley dictada por los representantes del pueblo que ha consagrado legal la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo", concluyó.

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