Este instrumento legal se formalizó en el marco del seminario “Desafíos para la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación en Salta y Jujuy”, evento que se llevó a cabo en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Salta.
Del seminario, participaron juristas de renombre, tanto local como a nivel nacional, como así también funcionarios y legisladores. Entre ellos, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano; el Procurador General de Salta, Pablo López Viñals; el senador nacional, Rodolfo Urtubey; el Juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Petrone; y la Defensora ante los Tribunales Orales Federales de Salta, Clarisa Galán.
Convenio de acciones conjuntas
En el marco de este seminario, los procuradores Casal y López Viñals formalizaron la firma de un convenio que permitirá crear “Equipos Conjuntos de Investigación” a partir de los cuales, los fiscales federales y provinciales podrán intercambiar información criminal y estadísticas sobre hechos ilícitos que impacten simultáneamente en las competencias de los fiscales federales y provinciales.
López Viñals resaltó la firma de este convenio, ya que “no solo consolida la excelente relación que existe entre los fiscales federales y de Salta, sino también ayudará en el avance de la investigación de los distintos hechos criminales que suceden en nuestra provincia”.
Casal, asimismo, reconoció y destacó la tarea en conjunto que vienen realizando los fiscales en esta provincia, sin importar a qué organismo pertenecen sino en pos de un mismo objetivo de persecución penal.
Garavano, en tanto y respecto a la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, señaló que con este paso, a sustanciarse a partir del 10 de junio en Salta y Jujuy, “este nuevo sistema lo que hace es cambiar cómo investiga la justicia federal, especialmente los casos graves, de corrupción, narcotráfico, trata de personas.
Este Código prevé procesos más rápidos, más ágiles, con audiencias orales, con más derechos para las víctimas y con un proceso que debería durar sustancialmente menos. Hoy tenemos procesos que duran más de 10 años, nosotros esperamos que esto se reduzca sustancialmente y a partir de la experiencia que se dé en Salta y Jujuy, se aplique al resto del país,” dijo.
