La decisión presidencial abarca a funcionarios de renombre como el ex Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, el diputado nacional Cristian Ritondo y el exsecretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis.
También quedaron contenidos en la resolución el exjefe de la custodia presidencial Alejandro Pablo Cecati, el extitular de la Casa Militar José Luis Yofre, Alejandro Daniel Guglielmi y a la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.
El decreto 762 que oficializó el hecho surge de un pedido del Juez Federal Martin Bava.
El magistrado habría solicitado tal medida "en atención a lo solicitado por la defensa del imputado ingeniero Mauricio Macri en su presentación escrita realizada en el marco de la audiencia indagatoria de fecha 3 de noviembre de 2021, y con el fin de evitar dispendios jurisdiccionales y eventuales planteos de las partes".
Desde el Poder Ejecutivo entienden que la investigación judicial se da sobre un posible delito usando herramientas de inteligencia, pero que los mismos no comprometen la seguridad interior del país, por lo que no es necesario mantener la obligatoriedad del secreto sobre estas acciones estatales.
"En la causa mencionada se investiga la posible comisión de delitos de acción pública vinculados a actividades de inteligencia prohibidas por la ley, y no a actividades o información que haya sido necesario clasificar en interés de la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores de la Nación, conforme establece la Ley 25.520", sostiene el Decreto en sus fundamentos.
