Morales se pronunció así sobre el reconocimiento de la posesión de 23.000 hectáreas de tierras realizado el 19 de abril por la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena en la región de las Yungas.
"Rechazo terminantemente las acciones de funcionarios nacionales que, arrogándose atribuciones del Gobierno provincial y en abuso de sus competencias, emitieron instrumentos reconociendo la posesión de tierras a militantes del Movimiento Evita (grupo piquetero cercano al presidente Alberto Fernández)", enfatizó Morales.
A través de sus redes sociales, el gobernador manifestó que "esos territorios pertenecen al dominio público provincial o titulares privados, y la entrega de estos territorios es ilegal".
El 19 de abril pasado, alrededor de 63 familias campesinas de Palma Sola recibieron una certificación como poseedores de territorios para la producción de la agricultura familiar, luego de un relevamiento impulsado por el municipio local y la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación.
La distinción que legitima a los comuneros se realizó a partir de una ordenanza municipal de Palma Sola aprobada en 2016. En los últimos dos años, equipos técnicos nacionales iniciaron el relevamiento territorial que alcanzó 23.000 hectáreas.
"Se entregaron las carpetas técnicas a 63 familias en Palma Sola", señaló en su momento, Miguel Ángel Gómez, secretario nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.
Morales dijo que en Jujuy, "no avalamos la usurpación ilegal". "Repensar la territorialidad no puede ser un sinónimo de violentar normas", manifestó. Consideró que "tras esta maniobra ilegal, se repartieron a 63 militantes 23.000 hectáreas de tierras privadas e incluso parte de una reserva provincial". El Fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, presentó el jueves una denuncia penal por usurpación y abuso de autoridad contra tres funcionarios nacionales. La denuncia apunta contra el secretario de Agricultura Familiar, Miguel Gómez, el encargado de firmar la entrega de tierras.
También señala a María Castillo, directora de Arraigo Rural y Cecilia Iriarte, de la Administración de Parques Nacionales.
Macri en la mira
La causa judicial en la que se investiga si se ejecutaron actividades ilegales para lograr la detención del gremialista de la construcción Juan Pablo "Pata" Medina, avanzará ahora en dirección a determinar la eventual responsabilidad penal en los hechos del ex presidente Mauricio Macri, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del gobierno de Cambiemos. La información surge del pasaje final del fallo firmado por el juez federal Kreplak, en el que procesó a tres ex agentes jerárquicos de la AFI, a dos funcionarios del gobierno de Vidal, al intendente de la Plata, Julio Garro, y al senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan, por la supuesta persecución por medios ilegales a Medina.
