La investigación por los aportantes truchos a la última campaña electoral de Cambiemos en Provincia, sumó este lunes un nuevo capítulo a la saga.
El panorama para que avance la causa no es auspicioso: el único que podría apelar es el fiscal de Cámara, Germán Moldes, que viene sosteniendo los planteos de Stornelli.
Hoy se sorteará nuevo juez, aunque en los despachos vaticinan que podría terminar en el juzgado de Ariel Lijo, que tiene otra causa vinculada, que se originó en enero.
Se trata de la denuncia que hizo la exdiputada nacional Margarita Stolbizer para investigar a las empresas contratistas del Estado que habían aportado a las campañas de Cambiemos de 2015 y 2017, que ahora será sorteada para que intervenga un nuevo magistrado.
Vale recordar que el propio Casanello había comenzado a investigar los aportes de campaña en Cambiemos, pero luego fue apartado y el caso enviado a la Justicia electoral de La Plata.
El expediente a su cargo avanzaba sobre la responsabilidad de funcionarios en el uso de bases de datos de la Anses para hacer aparecer a los beneficiarios de planes sociales como donantes de dinero para las campañas electorales de 2015 y 2017 y analizaba una relación entre el origen de los fondos y empresas beneficiadas con contratos en la Ciudad de Buenos Aires.
Es decir, no se trataba únicamente de infracciones electorales, sino que iba más allá, al unir empresas y gobierno en posibles delitos. El mismo camarista ya le había quitado otra parte de la investigación, que fue enviada a la justicia electoral de La Plata, donde quedarían licuadas las responsabilidades penales.
Es impactante cómo, en un período casi similar al del caso de los aportantes, la causa de (las fotocopias de) los cuadernos, avanzó sin trabas de los tribunales superiores y con gran impulso de los fiscales, con decenas de detenidos, arrepentidos y procesamientos.
El mismo fiscal, Carlos Stornelli, es el que hizo planteos tendientes a debilitar la pesquisa sobre aportes truchos. De hecho, la resolución que adopta Iruzun ayer es respuesta a una apelación de la fiscalía que cuestionó una resolución de Casanello, de diciembre último, donde explicaba por qué se quedaba con la investigación de determinados hechos.
