El procurador asistió en su carácter de autoridad del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales y el Consejo Federal de Política Criminal, también representado por su par Mario Oscar Bongianino. Por ANMAC firmó la directora del organismo, Natalia Gambaro.
El acuerdo tiene como objetivo, más allá de capacitaciones recíprocas entre los organismos, inhibir a los usuarios de armas de fuego que estén involucrados en causas penales por violencia de género o intrafamiliar.
El convenio establece mecanismos mediante los cuales las fiscalías informarán a la ANMAC sobre las causas vinculadas con este tipo de conductas de tipo penal en forma inmediata, para que este organismo, cuyas funciones giran en torno a la supervisión del uso de armas de fuego, ponga en marcha los procedimientos precautorios y/o sancionatorios, según corresponda quedando registrados en el Banco Nacional Informatizado de Datos.
“Cada vez que las fiscalías tomen conocimiento de una denuncia de violencia de género, nos va a informar a nosotros que tenemos dos alternativas: detectar inmediatamente si esa persona sujeta de denuncia tiene un arma legal registrada y proceder entonces a informar para incautarla; o bien dejar el antecedente en nuestra base de datos respecto a que esa persona tiene una denuncia y así evitar que en el futuro pueda adquirirla en el mercado legal”, explicó Gambaro.
La funcionaria agregó que “la Reforma Procesal Penal tiene plazos muchos más cortos y necesita que las agencias estatales también estén a la altura de esas circunstancias. De esta manera pueden tomar decisiones mucho más rápidas con información confiable”. Para López Viñals este tipo de acciones permitirán “perfeccionar” la tarea que llevan adelante.
Sumarios a policías
Según un informe que otorgó el ministro de Seguridad, Carlos Oliver, ante el Senado de la Provincia, aquellos policías denunciados por violencia de género en principio tienen sumarios y algunas otras acciones sumariales.
Entre esas acciones se dispone quitar el arma ante el peligro que supone para sus parejas que ellos sigan portando un arma de fuego.
Sin embargo, había sostenido que no tener el arma implicaba para ellos no poder hacer servicios adicionales que pagan los privados a la Policía para dar “seguridad” a sus locales. Indicó que es ante esta situación que las mismas parejas muchas veces van a interceder para que las armas sean devueltas.
