DIEZ RESPUESTAS SOBRE EL CASO

“Sería un enorme retroceso un fallo a favor de la educación religiosa"

En las escuelas públicas de la provincia de Salta se imparte educación religiosa obligatoria desde hace casi una década. La Asociación por los Derechos Civiles impulsó un recurso de inconstitucionalidad que a fines de agosto de 2017 comenzó a discutirse en la Corte Suprema de la Nación.

"No tiene que entrar la religión -ni obligatoria ni no obligatoria- en la escuela pública", dijo el director de la ADC.

El director ejecutivo de Asociación por los Derechos Civiles, (ADC) Torcuato Sozio, respondió diez preguntas sobre el caso Salta, donde en las aulas de las escuelas públicas salteñas se dictan educación religiosa obligatoria desde hace casi 10 años.

– ¿Cuál fue el origen de la demanda contra el estado salteño?

– Se originó por una ley que ampliaba la facultad de la Constitución de Salta para impartir educación religiosa en las escuelas, y además establecía que fuera obligatoria.

– ¿Y cómo llegó ADC a intervenir en este caso?

– Un grupo de padres se acercó a consultarnos ante esta situación. Sus hijos no profesaban la religión católica y se encontraron con que eran estigmatizados y discriminados. Los chicos tenían que quedarse en una clase donde se daban temas que afectaban sus convicciones o se les decía que estuvieran fuera del aula sin nada para hacer. Al comenzar el ciclo escolar, eso se agravó porque además les pedían a los alumnos manifestar si querían recibir o no educación religiosa.

– ¿Cuáles son los aspectos negativos de la imposición de una educación religiosa?

– Ante todo, te obliga a manifestar convicciones que vos no tenés porqué definir. Similares, por ejemplo, a las referidas a la orientación sexual. Es un tipo de preguntas que no corresponde que se formulen en ningún ámbito. Menos aún, en una escuela pública. Si vos sos ateo o católico practicante es un aspecto que forma parte de tu intimidad.

– La acción contra el dictado de educación religiosa obligatoria en las aulas salteñas se presentó hace casi ocho años. ¿A qué se debe la demora en la resolución del caso?

– Tal vez por su trascendencia, este tema tardó más que lo usual. Además, al tratarse de una acción judicial presentada en Salta, donde al comienzo las resoluciones nos fueron desvaforables, se demoró más el proceso. Pero es importante destacar que llegar a la Corte no es algo sencillo. Cuando se arriba a esa instancia es porque este Tribunal entiende que puede haber una violación de un principio constitucional.

-¿Cuál es la posición de ADC respecto a este tema?

– La posición de base de ADC es que no tiene que entrar la religión -ni obligatoria ni no obligatoria- en la escuela pública. Nosotros entendemos que el que pretende una educación religiosa vaya a su congregación, donde se practica su credo, y no a la escuela, donde no debería tener esta oferta en el menú de contenidos.

– ¿Qué balance hace de la participación de ADC en este caso?

– Muy positivo. Considero que el planteo fue muy consistente. Además, haber llegado a la Corte demuestra que ADC hizo un trabajo jurídico importante.

– Cuando nos referimos al caso de Salta, ¿hablamos de educación religiosa o de educación católica?

– Tratándose de una provincia como Salta hablamos de educación católica. Ahora la ministra de Educación en las audiencias buscó atenuar esta cuestión diciendo que a partir de 2012 (es decir, luego de iniciada la acción de ADC) comenzaron a tener oferta de religión de otros credos. Entonces, las preguntas serían: “¿Tienen docentes para dictar otros credos, de cuántos, abarcan a todos? ¿Implica eso separar a los chicos, a los que por el contrario la escuela debe integrar? En la práctica, más allá de que se diga que hay una oferta de otras religiones, no es así y eso también es peligroso. Hay un problema importante: una cosa es el aspecto normativo, que también cuestionamos, y otra es la implementación, que agravó aún más el problema. Existe toda una secuencia que hace que lo que arranca mal termine peor. Todo va yendo hacia la educación católica. Además de que en Salta hay un contexto católico muy fuerte.

– ¿Cuál fue la postura del poder político y el periodismo frente a este reclamo?

– Una gran parte de la clase política salteña, incluido el propio gobernador, sostuvo que la educación católica podía ser brindada obligatoriamente. En el caso del periodismo me encontré, con una favorable impresión, de que mayormente estaban a favor de nuestra postura.

– ¿Sería un paso atrás un fallo a favor de la imposición de la educación religiosa en Salta?
 

– Sería un enorme retroceso. Implicaría afectar la libertad de pensamiento. Nosotros sostenemos que el tema no es de libertad religiosa, sino de pensamiento. No hay necesidad de decir si uno es ateo, agnóstico o religioso. Por otro lado, si un alumno ateo tiene educación religiosa en la escuela le viene mal sea cual sea el credo. Una cosa es la educación religiosa y otra muy diferente dar historia de las religiones, que eso sí podría ser hasta obligatorio porque no estás induciendo a nadie. Pero en la mayoría de las escuelas salteñas lo que se da es catequesis, o sea, algo más que una simple educación católica. Entonces es más grave. Más serio aún es que la materia de educación religiosa no tiene un contenido determinado, pudiendo el profesor llenarlo a gusto, con lo que él quiere.

– ¿Cuáles son las expectativas respecto del fallo de la Corte Suprema sobre este reclamo?

– Nuestra asociación siempre ha sido muy respetuosa en la espera, sin dar opinión al respecto, pero obviamente teniendo la expectativa de que la resolución sea favorable.

Aviary Photo_131520227586546963

Director ejecutivo de Asociación por los Derechos Civiles, (ADC) Torcuato Sozio,

Más de Salta
Directivos de la Cámara de Comercio reiteraron su rotundo rechazo a la suba de las alícuotas del Impuesto a la Actividades Económicas.

A HORAS DE PROMULGARSE LA LEY

Comerciantes piden al gobierno que vete el consenso fiscal

A horas de promulgarse la ley 8064 por la cual la Legislatura aprueba el Consenso Fiscal que la provincia firmó con el Gobierno nacional y que incluye  un paquete de nuevos lineamientos fiscales, la Cámara de Comercio de Salta pidió el veto de la ley.