La prórroga era requerida con urgencia por organizaciones de pueblos originarios de toda la provincia, dado que la vigencia de la ley cae el 23 de noviembre.
Por esto mismo, las organizaciones que llevan adelante un acampe frente al Congreso de la Nación anunciaron que no levantarán esta forma de protesta hasta tanto el Poder Ejecutivo Nacional no promulgue la ley, para lo que cuenta con 10 días hábiles.
La prórroga, aprobada hasta el 23 de noviembre de 2021, permitirá terminar con el relevamiento de la ocupación territorial ancestral por parte de comunidades indígenas (dado que hasta el momento el relevamiento alcanza apenas a la mitad de las comunidades registradas).
El relevamiento es el paso previo indispensable para avanzar en el entrega de títulos de propiedad a las comunidades. Para eso también es necesario el dictado de una ley de la propiedad comunitaria indígena.
