El proyecto, que recibió 202 votos afirmativos y que también había sido aprobado por unanimidad en el Senado, está inspirado en el caso de Justina Lo Cane, una menor de 12 años que murió en noviembre pasado en la Fundación Favaloro mientras aguardaba un trasplante de corazón.
La contribución fundamental de la reforma es que invierte el proceso por el cual las personas pasan a integrar el registro de donantes: al crearse la figura del "donante presunto", ya no se requiere dejar voluntad expresa por la afirmativa sino que se garantiza "la posibilidad de realizar la ablación de órganos y/o tejidos sobre toda persona capaz mayor de 18 años, que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos".
En el caso de los menores de edad, "se posibilita la obtención de autorización para la ablación por ambos progenitores o por aquel que se encuentre presente".
Por otra parte, la normativa incorpora avances como la definición de los derechos de donantes y receptores, la creación del Servicio de Procuración en los hospitales públicos y privados, el establecimiento de las funciones del INCUCAI y de los requisitos que deben cumplir los profesionales y los establecimientos médicos, y la fijación de penas y sanciones en los casos que corresponda.
