La medida se tomó en base a la polémica desatada sobre la portabilidad de tarjetas únicas e intransferibles en las unidades de transporte de SAETA, y pese al impasse de 30 días que se resolvió desde la Autoridad Metropolitana de transporte.
La Comisionada Defensora del Pueblo, Frida Fonseca Lardies, detalló a Nuevo Diario que la presentación realizada ayer en las oficinas de la Autoridad Metropolitana de Transporte, solicita que sea anulada “toda aquella normativa emitida por el organismo, que autorice a los concesionarios del servicio público de transporte de pasajeros, a restringir los derechos patrimoniales de los usuarios”, en clara oposición a la disposición de descender de la unidad de transporte a quienes no porten la tarjeta, sin dudas, una de las medidas más cuestionadas por los usuarios.
El recurso además solicita “la entrega de un comprobante físico en papel”, es decir el retorno del boleto.
“Es un recurso revocatorio que en caso que sea rechazo se traslada al Ejecutivo para que lo analice el gobernador”, dijo la Defensora del pueblo, y agregó que con el régimen de fiscalización “no hay reglas de juego claras para el usuario”.
Fonseca agregó que se trata “de una invasión a los derechos de los usuarios, que pueden disponer como quieren de su tarjeta, inclusive pagándole el boleto a un tercero”. Además, y en cuanto a la postergación, manifestó que la suspensión de la medida por 30 días, es dilatar el problema que se va a presentar nuevamente”, dijo y resaltó la necesidad del retorno del boleto de papel “para que exista un comprobante físico del seguro de los pasajeros”.
Por último la comisionada arremetió contra el “deficiente sistema de recarga de tarjetas que cuenta con muy pocos puntos de acceso al servicio, y el alto costo de las tarjetas, lo cual es también un perjuicio para los usuarios, concluyó.
