La información se confirmó el martes pasado cuando la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) comunicó que concluyó el "proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares" a los fondos previstos en la ley 21.950.
La ley (del año 1979) establece que los "arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías (circunscripción territorial bajo la autoridad de un obispo) y exarcados (territorios) del Culto Católico Apostólico Romano gozarán de una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, hasta que cesen en dichos cargos".
Durante el gobierno de Mauricio Macri y por iniciativa de Marcos Peña, el gobierno llegó a un acuerdo con la institución religiosa para hacer una renuncia progresiva a los aportes estatales que fijaba esta ley.
Los números en Salta
“En Salta el impacto es mínimo porque en el mes de diciembre se recibieron alrededor de 180 mil pesos en la Arquidiócesis de Salta incluyendo el sueldo del obispo que no llegaba a los 50 mil pesos, 10 seminaristas, por los cuales se aportaba también creo que 4.500 o 5.000 pesos o sea que 50 mil pesos mensuales y parroquias de frontera, más carenciadas y ahí era un poquito más, que tampoco superaba los 10 mil pesos para cada parroquia”, sostuvo el vocero de la Iglesia sobre el impacto de la medida.
Oscar Ossola indicó que desde ese año se han llevado campañas dentro de la comunidad católica para desmitificar la idea que el Estado Argentino sostiene económicamente a la Iglesia Católica.
“Esto es absolutamente falso estos aportes, como estamos indicando, es mínimo lo que se daba y era exclusivamente para esos tres grupos. El 95% de las parroquias de Salta no reciben absolutamente nada del Estado, solo ese porcentaje mínimo de las de frontera”, sostuvo el párroco.
Sobre el funcionamiento previo de lo que fue este sistema, Ossola afirmó que el aporte mayor que se percibía correspondía a los obispos que no llegaban a 140 en todo el país. En el caso de los seminaristas, afirmó que los mismo equiparaban a los haberes de trabajadores estatales en el escalafón más bajo.
El padre hizo hincapié en que desde lo que la discusión por la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se ha trabajado en desmitificar ciertos mitos que surgieron en torno a los fondos que ingresan a la Iglesia.
En ese sentido, desmintió que el estado argentino pague a la institución por cada uno de los bautizados que se registran en la fe cristiana, una información que destacó se difundió a partir de partidos políticos de izquierda.
“Se quiso mostrar con mentiras que la iglesia tiene una situación privilegiada”, manifestó el vocero católico.
