SEGUIRÁN INVESTIGANDO

Funcionarios y políticos en la mira de la fiscalía federal por el IFE

Ayer a la tarde, la fiscalía de Delitos Económicos Complejos provincial declinó la competencia, una instancia que ya se presumía, pues el anuncio de la Procuración General, como ya se conoce en la Ciudad Judicial, fue otra de las tantas movidas mediáticas del jefe de los fiscales.

La investigación quedó en manos del fiscal federal, Ricardo Toranzos.
La investigación quedó en manos del fiscal federal, Ricardo Toranzos.

Ante el ritmo impulsado por el fiscal federal, Ricardo Toranzos, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, al cerrar la tarde, la fiscal, Verónica Simesen, informó su incompetencia para seguir con la investigación, la cual, como todos conocen, se inició a partir de un listado de 50 legisladores, la mayoría  comunales, quienes supuestamente hicieron los trámites para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia, mientras que varios de ellos, ya lo habrían percibido.

Con el escándalo ya en los medios, pues el listado fue realizado por dos periodistas locales, y a sabiendas de que la Justicia Federal ya había iniciado la investigación de oficio, la fiscalía provincial anunció su intervención, la cual, a todas luces no iba durar mucho, pues los fondos que habrían sido rapiñados por los políticos y funcionarios, tanto nacionales como provinciales, son de origen nacional.

Este argumento, es el que la fiscal reconoció como válido al declinar su competencia, aunque en su favor, se refirió a las actuaciones penales que llevó adelante en contra del concejal de Guachipas, Héctor Cari, quien fue uno de los primeros en ser investigado por el cobro indebido del IFE.

Con este paso, ahora toda la investigación quedó en manos del fiscal Toranzos, quien ayer siguió adelante con varias diligencias en torno a la investigación del caso.

Coartadas

Tras advertir que la excusa de que habían cobrado el IFE para ayudar a los que menos tienen, utilizada al estallar el escándalo, por algunos ediles para tratar de atenuar el costo político, no funcionó, otros implicados pusieron en marcha otra coartada.

Varios de los implicados aseguraron que, al realizar tutoriales de ayuda, sus nombres quedaron registrados, y que por ello, el sistema los dio como solicitantes de dicho beneficio.

Este argumento, por ejemplo, es sostenido por Marcos Vera, titular de la UDAI sur, quien aparece como uno de los funcionarios que intentó cobrar el IFE.

Por otra parte, otros políticos apuntados, afirmaron que sus nombres fueron duplicados por otras personas, quienes serían los verdaderos autores de una estafa, con lo cual, asumieron el rol de víctima, estrategia que, a estas alturas, tampoco tuvo mucho efecto pero sí mucho descrédito.

 

 

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