La ley declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país hasta el 23 de noviembre de 2025, y la suspensión por el plazo que dure la emergencia la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras ocupadas por comunidades indígenas originarias del país. Esta ley fue prorrogada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 805.
A Carlos Zapata, diputado de "Ahora Patria", que acompaña el proyecto de Victoria Villarruel, le antecede la presentación ante la Justicia Federal en diciembre del año pasado de la diputada Virginia Cornejo, y de los ex legisladores Miguel Nanni y Martín Grande, de un amparo constitucional contra el DNU 805.
Solicitaron la declaración de inconstitucionalidad por "violentar el mandato establecido en la Constitución Nacional que prohíbe al Ejecutivo dictar disposiciones de carácter legislativo, y que excepcionalmente le permite dictar Decretos de Necesidad y Urgencia".
En ese tiempo Miguel Nanni sostuvo que: "Con la ley muchas supuestas comunidades tomaron tierras y hoy están en un limbo jurídico que afecta a las comunidades", y agregó que: "Por dos períodos consecutivos no se relevaron a las comunidades y se gastaron la plata".
