Además de una serie de supuestas denuncias acerca de los montos reales de las motocargas, que según esta nota de voz sería inferior al que se informó desde la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad.
En su descargo, el jefe comunal indicó que se trata de una estrategia para “entorpecer con mentiras y difamaciones” la medida adoptada para el punto final de la tracción a sangre, resaltando además el proceso de conversión de las familias carreras.
Al respecto el abogado José Ortín, representante del grupo de los carreros señalados por el intendente, dijo a Nuevo Diario que el audio se sacó de contexto, y que si bien no están en contra de la decisión de poner punto definitivo a la tracción a sangre, consideran que hay puntos controversiales en el proceso de reconversión.
Uno de los principales cuestionamientos desde este sector tiene que ver con que consideran que el 4 de agosto es una fecha precipitada, atento a que todavía no se hará entrega efectiva de los motocarros, por lo cual no se sabe cómo subsistirán estas familias hasta ese momento. También, las dudas apuntan hacia las prestaciones de servicios por parte de los carreros a la Municipalidad, ya que no existe información de cómo serán estas contraprestaciones.
El abogado sostuvo por último, que el grupo disidente está conformado por 120 familias, que en los próximos días se reunirán para evaluar los pasos a seguir, e hizo hincapié en que el audio en cuestión fue sacado de contexto.
