En la oportunidad se tomó como eje la conformación de la Auditoría General de la provincia, órgano de control de los gastos de ejercicio provinciales y de los distintos municipios.
En su alocución, Rodríguez explicó que la Auditoría tendría que estar conformada por un mínimo de cinco miembros, de los cuales tres deben ser contadores y dos, abogados especializados en derecho administrativo. También señaló que sus integrantes podrán durar en funciones 5 años, sin tener posibilidad de reelección. Actualmente, el artículo 169 Ap. III párrafo 7, señala que pueden ser reelegidos.
"Existen dos cuestiones irresueltas en el sistema de control de la Provincia. Uno el caso de los municipios que tienen Tribunales de Cuenta como la Ciudad de Salta y Tartagal. Y cuando esto se resuelva se necesitarán uno o dos auditores más. Otro problema es el sistema de control de gestión que no se aplica. En primer lugar, no existe presupuesto por programas que es un elemento fundamental para poder evaluar una gestión. Los presupuestos que se presentan son financieros con aclaraciones de algunos cursos de acción. Ahora se evalúa la cifra financiera y no se puede evaluar la gestión", expresó.
El profesional manifestó que además, el control político por parte de la Legislatura en Salta no se realiza, y que el control interno corresponde a la Sindicatura y el externo a la Auditoría.
Rodríguez agregó que el informe final de la auditoría más allá de que sea multi e interdisciplinario es uno solo, y que la persona que lo firma debe conocer todos los parámetros de referencia técnicos, específicos que se aplicaron, y que en muchos casos ante vacíos en la materia se referencian a nivel nacional o internacional.