El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al vicepresidente del Ente Regulador del Juego de Azar, Adrián Amén, quien informó sobre el alarmante avance del juego ilegal, especialmente virtual.
El Ente Regulador del Juego de Azar de la Provincia de Salta es la entidad autárquica del Gobierno de la Provincia de Salta que regula el juego de azar en todas sus formas, es decir las pautas, procedimientos y condiciones de su explotación y administración. Pero ante el avance del juego ilegal, piden intervención del Ministerio Público Fiscal.
“Planteamos al Procurador la problemática existente en la provincia por el juego ilegal, la que se ha agravado ante la pandemia y los locales de juego cerrados”, afirmó Amén, al confirmar que proliferaron las apuestas y juegos online, que no están regulados ni autorizados por la provincia y tampoco tributan aquí. “Se llevan el dinero de todos los salteños” afirmó el Vicepresidente de En.Re.J.A, al explicar que no pagan canon ni tributo alguno, cuando la ley establece que la recaudación tiene como fin desarrollar acciones preventivas de la adicción al juego y para programas sociales y educativos.
“El Ente actuará muy rápidamente en tratar de erradicar el juego ilegal, a través de las facultades que otorga la Ley Provincial Nº 7.020, pero necesitamos de la actuación del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial para pedir la baja de dominios de páginas en las que apuestan los salteños”, precisó el funcionario.
Amén destacó que en todo el país hay solo cuatro fiscalías especializadas en cibercrimen y falta la de Salta, “que es muy importante y sigue pendiente”, al tiempo que anunció que el Ente solicitará a las autoridades provinciales que se agilice el llamado a concurso del cargo para la Fiscalía de Ciberdelitos, cuya Ley de creación fue promulgada en diciembre pasado.
En 2017, el juego clandestino dejó de ser una contravención y por imperio de la reforma que se hizo a la Ley de Ganancias al introducir el artículo 301 bis al Código Penal, quedó establecido como delito. La normativa establece que “será reprimido con prisión de tres a seis años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente”.
Amén concurrió al encuentro con el asesor jurídico y especialista en legislación sobre juegos, Néstor Cotignola.
