Mario Marcelo Tolaba, dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) indicó a Nuevo Diario que el conflicto que llevó a la denuncia judicial inició a fines del 2017, cuando se tomó conocimiento que Eduardo Jovito Guaymás y Liliana Veronica Loeza, ambos integrantes del Consejo Directivo del gremio, acordaron con la Municipalidad de Salta excluir de la nómina de los beneficiados por licencias gremiales a Oscar Víctor Barrios, secretario administrativo de ATE, y a Tolaba, quien tenía el lugar de Vocal, y otras dos personas.
En ese marco, los perjudicados estudiaron detalladamente el expediente de esta exclusión donde se dieron con varias irregularidades, entre ellas, la falsificación de la firma del entonces secretario general del gremio, Juan Arroyo.
Sumado a ello, se detectó que Guaymás y Loeza percibían la bonificación por título secundario o polimodal, lo que fue consultado en el Departamento de Control y Tecnología de la Provincia, dependiente del Ministerio de Educación, donde se descubrió que el título de Guaymas tenía el mismo registro que el de su cuñada, Ana María Loeza. Mientras, no se registra ningún título a nombre de Liliana Verónica Loeza.
Esta información fue certificada por el Ministerio de Educación en marzo del 2018 a los denunciantes.
Dichas irregularidades llevaron a Tolaba y Barrios a realizar la correspondiente denuncia no solo por la suspensión de sus haberes, sino también por la falsificación de instrumentos públicos y el fraude a la administración pública al cobrar una bonificación sin tener el título correspondiente, sino que se presentaron títulos truchos para acceder a dichos fondos.
Si bien en el momento hubo actuaciones y audiencias en la Municipalidad de Salta, finalmente la causa judicial avanzó y los denunciantes fueron citados para una audiencia de debate oral y público para el próximo 5 de mayo por el Juzgado de Garantías Nº3.
Tolaba manifestó que, además del fraude y la falsificación, observan una asociación ilícita entre los denunciados y Ana María Loeza. “Ellos han cobrado. Les dijeron después que devuelvan la plata, pero ya está el delito consumado. La cuñada (Ana María) fue cómplice necesaria. Para mí, es asociación ilícita. Se juntaron tres personas para hacer esto. El error también fue de la dirección de personal que no hizo la verificación de los títulos”, expresó.
