Allí se montó un escenario donde se leyó un documento elaborado por la Mesa de Derechos Humanos en conmemoración por esta fecha, y con duros reclamos al crítico panorama social y económico al que asistimos los argentinos y argentinas a 100 días del gobierno de Javier Milei.
La cita fue acusada por miles de personas que circularon durante el domingo de Ramos, por las calles de la ciudad, en defensa de un modelo de país, un concepto, una idea de democracia frente a la permanente avanzada de un gobierno que utiliza discursos de odio y violencia, y recortes nunca antes vistos para llevar adelante sus metas propuestas.
Esos fueron los reclamos que ayer domingo pudieron percibirse a través del extenso documento que compartieron ayer domingo, donde advirtieron que “la democracia está en peligro”, pese a tratarse de un gobierno constitucional: “porque justamente son quienes ostentan el poder político desde el ejecutivo nacional, niegan el genocidio argentino y a los 30.000 compañeros, compañeras y compañeres detenidos y desaparecidos”, señalaron.
“Queremos justicia para todas las victimas del terrorismo de Estado, queremos que todos los represores sean puestos a disposición de un tribunal que los juzgue”, enfatizaron y denunciaron la lentitud de la justicia federal para algunas causas de lesa humanidad, “permitiendo que llegue primero la impunidad biológica que la justicia”, señalaron y apuntaron a las muertes del ex militar Luis Dubois, con una decena de procesamientos en su haber; las reiteradas estrategias dilatorias de las defensas de los genocidas y la lentitud en los procesamientos por parte de la Corte y las Cámaras de Justicia Federal de la Nación, “que hizo posible que el empresario del azúcar, Pedro Blaquier, y tantos otros, murieran sin juicios orales”.
Asimismo, hubo un duro mensaje al gobierno provincial: “En Salta las víctimas, en su gran mayoría, estuvieron vinculadas al gobernador Miguel Ragone, desaparecido pocos días antes del golpe militar. Y eso no fue una casualidad, fue necesario desaparecer un proyecto político de igualdad y justicia social. Para que hoy la provincia sea sede de las empresas mineras extranjeras que vienen por nuestros suelos y las riquezas que hay en ellos, a cambio de unas magras regalías que ni siguiera quedan en la provincia, mucho menos en los pueblos que las habitan, la mayoría de ellos pueblos originarios”.
En otro pasaje del discurso de la Mesa de Derechos Humanos, insistieron en la denuncia contra el negacionismo del Gobierno Nacional, pero también a la persecución de la militancia política y de Derechos Humanos; el desmantelamiento de áreas sensibles del Estado; INADI; Agricultura Familiar, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; la judicialización de la protesta social; el aumento de la canasta familiar, la desregulación de alquileres, la quita de asistencia a comedores y merenderos sociales. También repudiaron la decisión del Gobierno provincial del cobro en salud a los extranjeros; el repudio al Gobierno Nacional por el cierre y recortes de fondos a las Universidades Nacionales; el cierre de Télam; el cierre o privatización del INCAA, entre las principales consignas.
También las reivindicaciones de género
Ayer domingo, también se hizo presente en la marcha, las referentes e integrantes de la Asamblea Lesbotransfeminista que aseveró que “el negacionismo y la apología del Terrorismo de Estado son medidas discursivas y concretas de la "casta" que nos gobierna”.
La dictadura militar-eclesial-judicial y empresarial, utilizando el Terrorismo de Estado, instauró un modelo económico neoliberal. Modelo que se afianzó luego con el menemismo y cuyas consecuencias hoy las mujeres, lesbianas, identidades trans, niñeces y comunidades ancestrales, sufrimos más crudamente”, alertaron y remarcaron: “hoy somos torturadas, asesinadas y sometidas a violencias sexuales por ideología y condición de género”.
“A 48 años de aquella dictadura, las mujeres (indias y criollas), lesbianas y transexuales, hacemos nuestras las banderas por las que lucharon lxs militantes de aquella época: el hambre aún se lleva la vida de los niños wichis en el norte de la provincia y en los barrios populares; más del 60% de la población está bajo la línea de pobreza”, precisaron y apuntaron además al derecho a la vivienda, la salud y la educación. “La violencia institucional que ejerce el sistema judicial, para silenciarnos, nos amenaza, como en la dictadura, con el peor castigo: quitarnos nuestrxs hijos. Y mientras aumentan las víctimas de la violencia de género y abusos sexuales a niños y adolescentes, el gobierno lo niega” denunciaron y remarcaron que se trata de “un Gobierno que tiene un plan de exterminio contra los más vulnerables”.
