La resolución es considerada, además, como la legalización de la "pena de muerte" o el llamado "gatillo fácil". En el documento remarcaron que en sus dos primeros años de gestión, el gobierno de Mauricio Macri acumuló 628 casos de "gatillo fácil".
En Salta, en tanto, detallaron los casos de Nahuel Salvatierra de 17 años de Barrio Solidaridad, Gabriel Mura Ortiz de barrio Sarmiento, Diego Quiroga de 32 años en Barrio El Círculo, y Nahuel Franco de 15 años de Villa 20 de junio, todos víctimas del gatillo fácil de la Policía de Salta.
“Autorizar a las Fuerzas de Seguridad federales a efectuar disparos de armas de fuego a alguien que ha cesado de causar una agresión e intenta huir, es autorizarlos a ejecutarlos extrajudicialmente.
Más grave aún, autoriza a la misma práctica discrecional porque da a los uniformados la potestad de decidir en el lugar, cuándo se está en presencia de un 'delito particularmente grave', de un 'peligro inminente', o de una maniobra que 'crea potencialmente peligrosa' y en base a esa apreciación unilateral e individual, quedaría habilitado para usar armas letales.
El asesinato de 2 militantes de la CTEP, Rodolfo Orellana en La Matanza (baleado por la espalda), y de Marcos Soria en Córdoba Capital, ejemplifican esas medidas represivas", indicaron en el documento que suscribieron:
Familiares de Detenidos Desaparecidos, Asociación DD.HH. "Coca Gallardo", Asociación Lucrecia Barquet, HIJOS, AGrupación Oscar Smith,Luz y Fuerza, Secretaría DD.HH. y Conadu Histórica.
