El encuentro fue encabezado por el senador Javier Mónico y contó con la participación de sus pares, Mashur Lapad; Jorge Soto; Walter Cruz; Dani Nolasco; Juan Cruz Curá; Miguel Calabró y Walter Wayar.
El Proyecto, pionero a nivel nacional y sudamericano, fue elaborado con el aporte de una Comisión de expertos en la temática e impulsa la modificación de los artículos 309 y 316 del Código Procesal Penal; más la incorporación de otros seis artículos; el 309 bis, 309 ter, 309 quater, 309 quinquies, 309 sexies y 72 bis, todos referentes a la investigación penal en el ámbito digital.
La iniciativa establece los procedimientos a seguir para la investigación de delitos tanto informáticos, como de aquellos para cuya investigación deba analizarse evidencia digital, considerando que este tipo de pruebas hoy es común y transversal a todos los delitos.
Además, para el caso de delitos complejos propone la creación de la figura del Agente Encubierto Digital; la integración de equipos de investigación conjunta para el caso de delitos inter jurisdiccionales y el “Remote forensic”, por el cual la justicia puede acceder a dispositivos que puedan estar siendo utilizados para la comisión de delitos como el hackeo de sistemas informáticos, cuentas personales, dispositivos digitales o redes de ordenadores.
Los expertos indicaron que el proyecto establece pautas claras para el procedimiento y tratamiento de la evidencia digital, ya que con el actual CPP las investigaciones que involucran evidencia digital se cumplen mediante una analogía con la evidencia física. Consideraron que adecuar el Código pondrá reglas claras a las investigaciones, además de brindar garantías constitucionales al imputado y a su defensa.
Cornejo sostuvo que en la actualidad no hay delito donde no haya evidencia digital y no solo en materia de ciberdelincuencia, sino que tal evidencia digital es transversal para todos los delitos. En tanto, Colombo aseguró que el proyecto asegura las garantías constitucionales y aclaró que si bien algunas pruebas requeridas por la justicia pueden ser invasivas, como la revisión del material privado contenido en un celular o una PC, las mismas deben ser monitoreadas por el juez de garantías y bajo pautas internacionales.
A su turno, los legisladores consultaron aspectos puntuales del proyecto y coincidieron en la necesidad de generar herramientas que permitan el accionar de la justicia en la lucha contra el delito en general y el ciberdelito en particular; siempre con atención a las debidas garantías constitucionales.
