Según contaron a Nuevo Diario actores vinculados al caso, este fue el motivo de la última reunión celebrada a principios de agosto en la Cancillería, en Buenos Aires.
Los representantes de la CIDH plantearon su preocupación por las muchas prórrogas otorgadas, y porque desde marzo pasado los trabajos en la zona, en el Chaco salteño, estaban prácticamente paralizados, si bien desde el Ministerio de Asuntos Indígenas de Salta se viene insistiendo en que se están llevando a cabo obras de caminos, necesarias para avanzar con la relocalización de las familias criollas que ya accedieron a trasladarse para liberar las 400 mil hectáreas (de más de 640 mil) que deben ser entregadas a las comunidades originarias.
Tras esa reunión, de la que participaron integrantes de Lhaka Honhat, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la provincia de Salta, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y Asociana, la provincia reactivó la presencia de la Unidad Ejecutora EU) la zona.
Lhaka Honhat entregó un informe a la CIDH sobre el avance de los trabajos. Y la provincia hizo lo propio. En este sentido se señaló que el gobierno provincial incluye entre las acciones, tareas que no son las específicas requeridas para la regularización.
Por eso se planteó que se debe continuar delimitando el área (en lo que está ocupada la UE), pero avanzar con el traslado de los criollos.
La discusión sobre los avances, o no, volverá a verse seguramentre en una reunión que se hará el 19 de septiembre en Salta y de la que participarán los estados provincial y nacional y Lhaka Honhat. El nuevo plazo dado por la CIDH vence en noviembre próximo.
