De esta forma no se perderá la calidad de la materia prima, que es perecedera, y se podrá cumplir con pedidos puntuales de productos con alta demanda en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio establecido por el Gobierno Nacional como la fabricación de camas y mesas de luz destinadas a la atención de salud, la producción de pallets para la industria agroalimentaria y también se podrá cumplir con objetivos de exportación.
La autorización, que se oficializará en los próximos días, fue otorgada por el gobernador de la Provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, como resultado de la gestión articulada entre AMAYADAP y APICOFOM, cámaras que nuclean a las empresas del sector en Misiones, junto a FAIMA.
En Misiones, hay actualmente 600 aserraderos y el sector foresto industrial emplea 15.000 personas de manera directa, a lo que se agrega el empleo indirecto que genera.
Las empresas deberán enviar sus datos para ser autorizadas a transitar en la provincia de Misiones y completar un formulario por trabajador.
"Seremos responsables con las cuestiones de higiene, seguridad y todos los cuidados sanitarios correspondientes, brindando información al personal y los elementos necesarios de prevención bajo un protocolo específico. Desde las cámaras vamos a informar al Ministerio de Trabajo cuáles son las empresas que trabajarán a fin de que puedan realizar los controles necesarios", indicó Román Queiroz, secretario general de FAIMA y presidente de AMAYADAP.
"Agradecemos al Gobierno de la provincia que haya otorgado esta autorización para operar porque genera un alivio muy grande para las empresas y los trabajadores del sector", destacó Guillermo Fachinello, presidente de APICOFOM.
“Bono verde” en Jujuy
El Gobierno de Jujuy tuvo que cumplir una vez más con el pago de intereses de parte de la deuda contraída para financiar la construcción del parque solar Cauchari.
Se trata de los 210 millones de dólares que el Gobierno solicitó en septiembre de 2017 en la bolsa de Nueva York, mundialmente conocida como Wall Street, por su ubicación.
Para obtener tal financiamiento utilizó como herramienta un instrumento que se conoció como "bono verde", por contar con la particularidad de que el dinero se invertiría en un proyecto de producción de energía renovable.
En aquella oportunidad la provincia fue evaluada por las agencias calificadoras de riesgo y obtuvo como calificación "B-", lo que determinó que el interés que se asumió pagar por el préstamo fuera de 8,6%.
Para tener un parámetro, la mayor calificación es "AAA", para deudores que representan muy bajo riesgo de incumplimiento y por lo tanto pagan intereses más bajos.
Lo cierto es que ese interés asumido significa un costo de 18 millones de dólares anuales, que se abonan en dos cuotas semestrales, los días 20 de marzo y septiembre.
