La denuncia fue radicada por la comunidad el 28 de abril contra el propietario de Bodega Puna, Luis Javier Montero Alesanco, y en paralelo desde la comunidad se declararon en asamblea permanente. Tras este planteo la justicia dictó una medida de no innovar.
El territorio en disputa se encuentra en el Departamento de Cachi, y es reconocido como territorio comunitario según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), pero que aún no cuenta con la escrituración de Provincia.
El conflicto data desde 2011 donde Alesanco compró las tierras de la comunidad a su anterior dueña. En ese momento, desde la comunidad afirmaron que le dieron dos opciones, el de agruparse todos en un mismo lugar (se encuentran dispersos con sus casas a lo ancho del territorio) o ir a un juicio y ser desalojados.
Tras un conflicto que escalo hasta una represión policial en 2019, la justicia dictamino que ambas partes tenían prohibido realizar cualquier tipo de desarrollo edilicio en el área en disputa hasta tanto se resuelva en lo jurídico.
Sin embargo según dijo Flores desde que inició el 2022, “la bodega empezó nuevamente a trabajar en la construcción dentro del territorio en conflicto”, donde se ve la extracción de áridos y la presencia de maquinaria de construcción.
Por ello se realizaron las denuncias en las comisarías locales pidiendo intervención de la justicia, en cuanto a lo dictado por la justicia de no innovar hasta tanto se emita una resolución.
