Al mismo tiempo, a nivel judicial, las tierras son disputadas por la empresa Tranquera del Norte S.A., actualmente conformada por quienes son funcionarios del gobierno nacional. Los criollos, al menos, ya habían tenido problemas con anterioridad con la familia del presidente Mauricio Macri por la finca El Yuto.
El viernes, en medio de un conflicto que ya lleva varias denuncias cruzadas, a raíz de la bomba de agua (unas en pos de destruirla, otras de cuidarla), se enfrentaron entre mujeres criollas e indígenas, quedando ambas lastimadas.
Para quienes conocen la zona, esta situación demuestra un conflicto que, de no encontrar mediadores a la altura de las circunstancias, atenta contra la paz social de la zona y si no se encuentra una salida pacífica, podría generar peores consecuencias.
El detonante del actual conflicto tiene su origen en la construcción de un pozo de agua realizado por una asociación evangelista de J. C. Paz, en Buenos Aires, que al ver las necesidades de la comunidad decidió construir una bomba de agua manual.
A raíz de esta construcción, es que la familia Burgos de Finca La Mina, hizo presentaciones ante la fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, que dispuso una orden de no innovar lo cual implicó la suspensión de los trabajos.
Frente a esa medida, el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social (MAIDS), hizo una presentación a favor del derecho al acceso al agua de la comunidad El Cardonal, por lo que Souto, según se informó desde el Ministerio a Nuevo Diario, terminó por autorizar la obra.
Los Burgos denunciaron que la comunidad wichí puso “matones” que terminaron golpeando a las mujeres Burgos.
Desde la comunidad, en tanto, se denunció a todos los Burgos por golpearlos a ellos y lesionar la mano a uno de los integrantes del Cardonal, quien mostró su mano vendada en algunos videos.
Mientras, las imágenes muestran que el enfrentamiento entre los dos grupos tuvo golpes de uno y otro sector dentro de las tierras.
Entre alianzas, dirigentes de afuera y denuncias
Quienes conocen a la familia Burgos y los miembros de la comunidad que hoy disputan las tierras, sostuvieron que en marco de una alianza para defender su posesión, la familia criolla contrató la mano de obra de los wichí para la finca.
Eso fue hace unos años y luego empezaron a llegar más miembros de la comunidad de Las Llanas a asentarse en la zona que, según la cédula parcelaria, pertenece a Tranquera del Norte, empresa con la cual se tiene el conflicto legal.
La familia adujo que está en el lugar desde 1930 y "Nunca vivieron acá las comunidades", pues sostienen que "Ellos tienen su vivienda en La Paloma", en Hickman.
La comunidad afirma que el lugar en donde está es parte de su territorio y por eso el asentamiento en el lugar.
Con el correr del tiempo, al parecer, la estrategia de una alianza fracasó y devino en enfrentamiento entre las partes en un conflicto territorial que parece no tener final.
El abogado Hernán Mascietti, quien representa a las comunidades, aseguró que en más de una oportunidad se planteó la necesidad del diálogo. Pero hubo dirigentes de algunas asociaciones campesinas que se negaron a esa posibilidad.
Al hacer las consultas sobre el tema a personas de la zona, estos dijeron que hubo tal vez un mal asesoramiento a la familia criolla por parte de asociaciones que no son propias de la zona y que a veces no entienden la complejidad de las relaciones entre criollos e indígenas.
Desde el MAIDS acompañó a la comunidad el Cardonal al momento de hacer las denuncias, según se indicó en un informe al que tuvo acceso este medio. Según el informe del Ministerio, la fiscal Souto dispuso derivar las actuaciones a Mediación con el Equipo de Mediadores de Causas Complejas del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, por el momento, la instancia de diálogo es inexistente.
Trato indigno de funcionarios
El informe del Ministerio firmado por dos funcionarios, indica que los miembros de la comunidad que tuvieron que recurrir al Hospital de Dragones recibieron un trato indigno por parte del médico tratante.
“Entró al hospital a los gritos, ingresó a un consultorio y mientras comía un sándwich empezó a atender a la gente. Lo volvió a revisar a Roque Álvarez (miembro de la comunidad El Cardonal), para completar el certificado y luego a los demás miembros de la comunidad siempre dirigiéndose de manera despectiva, humillante e irónica”, dice parte del documento que presentaron a sus superiores.
En el relato que hicieron los funcionarios, aseguraron que existió una expresa intención del médico de hacer esperar a quienes estaban en el lugar, pues pese a que se le explicó la situación ocurrida y que precisaban atención, el médico tratante salió de todos modos dejándolos esperar en el Hospital.
En la Comisaría, en tanto, sostuvieron que al menos dos policías varones se negaron a tomar las denuncias de los originarios y solo una mujer policía decidió hacer el escrito. En el mismo lugar se encontraron también con los Burgos, quienes también acusaron la situación.
