Además de solicitar la suspensión del sorteo de 519 lotes sociales programado para los días 24 y 25 de junio, denunciaron ante la Justicia al titular del organismo provincial, y a legisladores de la zona que según advirtieron, buscaban acceder a estas viviendas sociales. Desde el IPV emitieron un comunicado sobre el tema.
Se trata de una denuncia interpuesta por vecinos cafayateños sobre irregularidades en los padrones de los sorteos de lotes sociales de Finca El Socorro II de Cafayate.
Los denunciantes aseguran que los padrones fueron modificados y en los nuevos aparecen personas vinculadas con el poder local, por lo que denunciaron al titular del Instituto Provincial de Vivienda (IPV), Sergio Zorpudes, y los concejales de Cafayate Gabriel Corregidor y Daniel Guantay por estafa en el caso de posibles irregularidades en los padrones de los sorteos de lote sociales de Finca El Socorro II.
En los fundamentos de la presentación legal de las vecinas Valeria Santos González y Paola Alfaro, sostienen que hubo una situación de mala inclusión en los padrones de inscriptos para el sorteo de lotes sociales, que se realizará la semana que viene y que luego de cuatro reempadronamientos se conocían quiénes eran las familias aptas para participar.
Lo sorpresivo fue que entre las familias habilitadas, según consta la presentación, se encuentran las esposas de dos concejales (el presidente del Concejo Deliberante cafayateño es uno de ellos): de Daniel Guantay y de Gabriel Corregidor, respectivamente.
“Queda claro que ambas irregularidades costaron a otros vecinos la exclusión de este listado”, sostiene la presentación y advierte sobre una posible omisión voluntaria por parte del presidente del IPV, Sergio Zorpudes, teniendo en cuenta “el infalible sistema de entrecruzamiento de datos”.
La respuesta del IPV
Con respecto a esta nota, el organismo provincial se expidió aclarando que continúa con el período de impugnación, es decir luego de exponer los listados en el municipio se investigan las denuncias recibidas dando de baja automática a quienes hayan falseado u omitido datos.
A la vez aclara que no se beneficia individualmente a nadie, desmintiendo enfáticamente que el presidente de la institución, Sergio Zorpudes tendría conocimiento de cada postulante que integra el padrón.
No existe hecho alguno que pueda perjudicar intereses o derechos de postulantes empadronados. En un primer proceso, con el listado recibido por la ex Subsecretaría de Tierra y Hábitat conformado por más de mil familias, se excluyeron a más de 400 por incumplimiento en la normativa o que no se presentaron; esto ocurrió luego de un re empadronamiento efectuado durante febrero y marzo, con el fin de garantizar transparencia en la adjudicación de terrenos.
Además detalla que posterior a la denuncia recibida sin datos específicos y que el IPV investigara, se dio de baja automáticamente al menos 14 grupos familiares de los aproximadamente 670 que conformaban el padrón. Se hace saber que todos los postulantes firmaron una declaración jurada tomando conocimiento de lo establecido en el artículo 275 del código penal, que en caso de comprobar un falseamiento quedarían excluidos del organismo.
Los motivos de las mencionadas bajas se fundamentan en la omisión de datos por parte de los grupos familiares, actuando de mala fe. La publicación de los listados es parte del proceso como también los días de impugnación posteriores al sorteo, es decir, los postulantes no tienen ningún derecho adquirido, y luego del sorteo se procede a un período de tacha, que de haber impugnaciones se continuará indagando.
Destacar por último que de las 14 personas firmantes sólo 4 son postulantes para participar del futuro sorteo, el resto fue excluido por diferentes motivos, entre ellos excesos de ingresos económicos, ser propietarios de inmuebles o por no tener grupo familiar a cargo.
