Y es que desde hace dos meses que los trabajadores se encuentran con medidas de fuerzas debido a que el intendente decidió reducirles el sueldo al 50%, al detectar sueldos que oscilaban entre los 12 mil y los 150 mil pesos, aduciendo que había errores en las liquidaciones.
En tanto los sindicatos aseguraron que los montos altos surgían del impacto de algunos ítems que se blanquearon, luego de un acuerdo paritario celebrado en 2013.
El cuerpo analizará de acuerdo a los datos recabados a través de la autoría y de la Fiscalía si amerita el inicio de un juicio político. Mientras tanto, ya se conformó la Comisión de Juicio Político.
En cuanto a constituirse como querellantes, los ediles justificaron que “es pertinente que el Concejo se presente ante la Fiscalía para colaborar con la investigación”, ya que “los hechos comprometen gravemente el erario municipal por pagos de sueldos que superarían los 5 millones de pesos”. Señalaron que podría especular también que empleados municipales hayan incurrido en delitos contra la administración pública.
Por ello, la Fiscalía Penal de General Güemes intervino de oficio en el caso y luego dio intervención a la Fiscalía Penal de Delitos Económicos Complejos.
La concejal del Frente Plural, Patricia Alancay, precisó a Nuevo Diario que al conocerse la situación manifestada tanto por Cuenca como por los trabajadores, el 6 de mayo pasado por resolución 006/19 le pidieron a Cuenca que informe sobre los resultados de la auditoría que el mismo jefe comunal ordenó con la intención de echar luz sobre las causas que provocaron que los sueldos se disparen.
“Este lunes esperamos que el intendente nos lleve la información porque nos dijeron que ya había finalizado la auditoría. Al no haber controlado y no haberse dado cuenta después de dos años que había un error en las liquidaciones, más allá de que sea un error humano, es grave. Nosotros queremos determinar cuál es la responsabilidad política que le cabe porque todas las planillas están firmadas por él. Hemos puesto como fecha de inicio de la auditoría el 2016”, manifestó Alancay.
