En la audiencia conciliatoria de ayer se dispuso el levantamiento de las medidas cautelares que se habían ordenado, y el acuerdo de las partes de cesar el conflicto y permitir la continuidad de las obras hasta tanto se cuente con los informes técnicos solicitados a los organismos correspondientes.
Estos informes se producirán en estas semanas y se darán a conocer el 22 de agosto, a las 15 horas.
El conflicto comenzó por las obras de construcción que inició la Comunidad Indígena Centro Comunitario Finca El Potrero en un terreno de Iruya.
El representante de la comunidad dijo que al dar comienzo a la construcción se remitieron notas al Poder Ejecutivo, para regular la cuestión, ya que estaban en su tierra. El municipio de Iruya, por su parte, manifestó que las tierras estaban dentro de su jurisdicción. Los informes determinarán si los terrenos en cuestión corresponden a la comunidad aborigen o a la Provincia.
El encuentro del 22 de agosto se cumplirá en el Centro Comunitario Finca El Potrero.
En ese marco, la fiscal Dávalos informó que todas las actuaciones se encuentran acumuladas en el Legajo de Actuación y según consta en el acta firmada este lunes, las partes también acordaron “mantener un buen trato y respeto mutuo para permitir las obras en el lugar”.
Por su parte, el municipio de Iruya, dice que la cédula catastral indicaría que las tierras están dentro de su jurisdicción.
En la audiencia celebrada en la sede del Juzgado, participaron el juez Rodríguez Pipino, la fiscal Gabriela Dávalos, los representantes de la comunidad, Aldo Marcelo Montellanos y Aniceto Bernabé Montellano.
